El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de forma gradual

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el instrumento que busca establecer una homologación para resolver conflictos legales entre las personas, lo que podría significar el acceso ágil a los a procesos de justicia tras haber presentado denuncias.

Desde abril de 2023, el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de decreto que originó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con 114 votos a favor. Tras un mes, este nuevo documento entrará en vigor de forma gradual para que en México haya un acceso a la representación legal y justa en un corto periodo debido a la cantidad de procesos que las autoridades comienzan a diario.

La población que busca proteger este nuevo código de homologación han sido definidos como grupos vulnerables, quienes necesitan acudir a las instituciones de justicia de forma inmediata tras ser víctimas de un delito. Para estas personas, en ocasiones es casi imposible encontrar una representación oportuna en defensa de sus derechos debido a que se encuentran en pobreza extrema o en contextos de violencia adversos.

El objetivo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, con mil 191 artículos y un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera un plazo de cuatro años para implementarlo, es decir, el poder judicial tendrá hasta 2027 para adoptar las modificaciones que permitan la entrada en vigor de la legislación. El límite es hasta 2027.

El objetivo principal de este código es agilizar el tiempo de respuesta y el acceso a la justicia en los casos que lleguen a los juzgados de México: “Busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas acorde a los derechos humanos, principios y postulados contenidos en la Costitución”, se establece.

Un hecho a resaltar es la incorporación de las nuevas tecnologías. Con este modelo basado en la modernización, se intenta incorporar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales. Esto se ha propuesto en pos de logar una unificación de criterios y bases normativas para garantizar la eficiencia en la resolución de conflictos entre las personas involucradas en un proceso legal.

Además, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pretende que las personas en situación vulnerable obtengan acceso a la justicia. Esta legislación se basa en el respeto a los derechos humanos, por lo que busca garantizarlos bajo cualquier contexto y establecer la representación legal de cada caso legal con un base normativa que se corresponda con lo establecido en la carta magna.

El 64% de los juiciosos son civiles y familiares

Durante la aprobación del código en el Senado de la República, los miembros presentes en el recinto mencionaron algunos motivos por los cuales era necesaria una homologación que agilizara los casos que llegan a los juzgados. Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN) comentó que en México se realizan un millón 500 mil juicios al año. El 64% de ellos son de carácter civil y familiar: 960 mil casos.

Además, Zepeda declaró que en materia penal solo el 3.5% de los delitos cometidos y denunciados llegan al juez. Lo anterior se puede explicar por que conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los mexicanos desconfían del sistema de justicia en el país. Aseguró que se aplica lo mismo en lo civil, pues mucha gente piensa que “no vale la pena” comenzar un proceso.