
Jorge Romero, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), hizo público que su partido presentará una iniciativa de reforma en materia de seguridad, con la cual busca que se combata la violencia y, al mismo tiempo, se ciudadaniza la justicia y se evite la corrupción y la impunidad en el sistema judicial de México.
Durante una conferencia de prensa, Romero Herrera señaló este jueves 23 de marzo que el albiazul presentará en el Palacio Legislativo de San Lázaro una serie de modificaciones para fortalecer el sistema encargado de impartir justicia y preservar la paz pública en la república.
En concreto, el panista dijo que se modificarán ocho ordenamientos legales: el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley General de Prevención Social y de la Violencia y la Delincuencia, Ley General de Desaparición Forzadas, Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
El desarrollo de estas reformas se integrarán en un paquete multitemático, donde se priorizará el fortalecimiento de las policías civiles a través del desistimiento de recursos federales, optimizaciones en el plan de carrera y la mejora de sus condiciones de trabajo. Asimismo, se empoderó a la sociedad civil ante al poder judicial y se evitará la corrupción con herramientas tecnológicas.
A detalle, Jorge Romero planteó un “auténtico” fortalecimiento de las policías en México. “Tiene que haber un enfoque civil del combate a la delincuencia mediante el empoderamiento de policías civiles”. Por ello exigirán que se restituya el Fortaseg en el PEF que se programará en 2023. También buscarán que se garantice la seguridad social para los cuerpos policiacos con la promulgación de la Ley de Seguridad Social para la Policía.
El dirigente panista dijo que buscará que se creen becas de excelencia para los hijos de los uniformados, además de homologar sus derechos como trabajadores del sector seguridad. En este sentido, también desarrollarán un plan de carrera al interior de los mandos civiles con un centro nacional de desarrollo y protección de la integración física, ministerial y pericial. Con ello, se espera que sean estas habilidades las que incidan en los nombramientos y no el amiguismo.
Respecto al combate a la impunidad, el PAN propuso procedimientos penales ágiles y transparentes, esto a través de mecanismos de denuncia y procesos digitales. Esto se conseguiría con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), donde podrían existir audiencias transmitidas en vivo y se implementarían juicios penales mediante un jurado popular: “Literalmente, en los casos penales, sean las ciudadanas y los ciudadanos los que emitan una sentencia”.

Asimismo, se busca implementar una regulación a los primeros respondientes, que son los primeros en llegar al lugar de los hechos; asimismo, buscar mecanismos que garanticen la justicia restaurativa, es decir, distanciarse del punitivismo que impera en México.
Aunado a ello, se plantea incluir en el listado de delitos relacionados al crimen organizado el homicidio doloso, la extorsión, desaparición de personas y ciberdelitos contra la infancia. Esto para combatir a los grandes generadores de violencia. Finalmente, en materia de prevención, se busca la recuperación de espacios públicos, generación de alumbrado público, primer empleo para jóvenes y campañas contra las adicciones.
Cabe recordar que fue durante un gobierno del PAN cuando se le declaró la guerra al narcotráfico, donde las políticas coercitivas se promovieron en la administración federal de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, lo que tuvo como consecuencia que se dispararan todos los índices de violencia como los homicidios por cada 100 mil habitantes o los llamados daños colaterales durante los enfrentamientos entre los cárteles de las drogas con las autoridades gubernamentales o contra grupos rivales que se disputaban distintos territorios.
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