Plan B electoral afecta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad; PRI va por nueva impugnación

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentará la próxima semana otra acción de inconstitucionalidad en contra del “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que la reforma electoral afecta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, adelantó la diputada Carolina Viggiano Austria.

La legisladora señaló que con las modificaciones legales, que entraron en vigor el 2 de marzo de 2023, se reducen los espacios destinados a personas indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes.

“Hoy tendremos menos posiciones para estos grupos, 25 postulaciones menos para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanos, diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero”, explicó la secretaria general del tricolor.

La diputada priista agregó que con esta reforma, cualquier persona que sea deudora alimentaria o cuente con antecedentes de violencia podrá ser candidata a un cargo de elección popular, “porque eso se eliminó”.

En conferencia de prensa, la priista agregó que la reforma aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, pone el riesgo los derechos políticos-electorales de las mujeres y los avances logrados contra la violencia política en razón de género, pues prohíbe la intervención de la autoridad electoral en el cumplimiento del principio de paridad para la postulación de candidaturas y diligencias partidistas.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral no podrán vigilar que se cumplan los derechos políticos de las mujeres; ni propone medidas para asegurar su participación. Sólo el Congreso de la Unión podrá emitir las normas que regulan el proceso de postulación de candidaturas y no podrá ser modificado por acuerdos lineamientos o reglamentos de los órganos”, alertó Viggiano.

También, el Plan B modifica la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE, “lesionando la autonomía y afectando la vigilancia de los procesos de capacitación y organización electoral”.

Otro de los aspectos negativos de la nueva reforma electoral es que elimina la posibilidad de incorporar medidas como la ley “3 de 3″ contra la violencia; además, viola los tratados internacionales que México ha ratificado en materia de Derechos Humanos, según la bancada priista.

Por su parte, la diputada Norma Aceves García expuso la importancia de que las mujeres con discapacidad lleguen a cargos públicos y a espacios de toma de decisiones, a fin de que se visibilicen y atiendan sus necesidades, como servicios integrales de salud.

“Espero que en algún momento seamos más las que estemos en estos espacios, esas mujeres que pocas veces volteamos a ver, que no forman parte de los grupos feministas que tampoco pueden ir a la escuela, pero que tampoco tienen acceso a servicios integrales de salud”, señaló la legisladora tricolor.

Al tomar la palabra, la legisladora Blanca Alcalá Ruiz enfatizó la importancia de “construir puentes” entre los distintos grupos parlamentarios, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Alcalá Ruiz indicó que los acuerdos permitieron construir una iniciativa plural al lograr establecer la declaración “3 de 3″ contra la violencia, misma que busca modificar la Constitución a fin de que ningún violentador, agresor o deudor alimentario, pueda llegar al poder.

“Nunca más estaremos viendo que un candidato o un representante pueda acceder a algún cargo público, ni candidatos a diputados o senadores, a presidentes municipales, a ministros, a magistrados, incluso al presidente de la república podrán acceder si se encuentra en alguno de estos supuestos”, dijo Blanca Alcalá.

Se suman las impugnaciones contra el Plan B

Este 9 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la segunda controversia constitucional contra El Plan B electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La demanda de controversia constitucional es contra el decreto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en contra de la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.