El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, advirtió que el intento de la AFA por mudarse a Pilar y el uso de ese hecho como argumento para que la causa que investiga si hubo testaferros en la compra de una casaquinta valuada en 17 millones de dólares se investigue en Campana, no altera el lugar donde se habrían cometido delitos previos como lavado de activos, su sede histórica de la calle Viamonte en CABA.
Lo hizo en el escrito en el que esta semana reclamó que el caso regrese a la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, una definición que ahora deberá tomar la Cámara Federal de Casación.
Villar pidió que el expediente vuelva adonde tramitó en los inicios, el juzgado federal de Daniel Rafecas o en todo caso al del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el segundo magistrado que intervino antes del pase al ámbito de Campana.
Pero para fundamentarlo, el fiscal pasó en limpio de qué se trata la causa que se lleva ahora en el juzgado del juez Adrián González Charvay en ese partido bonaerense: remarcó que en la calle Viamonte 1366 en CABA funcionó la sede central de negocios, administrativa y comercial de AFA “en la época de los hechos y hasta la actualidad”, y que allí “se habrían llevado a cabo los actos de gobierno de la entidad, de disposición y administración de los fondos”. También de toda aquella actividad “marginal que habría implicado el desvío” de esos fondos.
Sede real para delitos reales
En ese contexto, Villar advirtió que “la intención de formalizar un cambio de sede social no modifica las consideraciones efectuadas en cuanto al lugar real” en el que se habrían llevado a cabo los delitos que se investigan: presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
Se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, recordó Villar, al describir en detalle el circuito mediante el cual se habrían canalizado fondos de la AFA fuera del sistema bancario local.
El fiscal también destacó que la sede de la AFA en la calle Viamonte fue allanada en varias oportunidades, incluso por González Charvay, quien se quedó con la causa cuando le pidió la inhibitoria a su colega Aguinsky, por decisión de la Cámara Federal de San Martín y en base a un pedido inicial del imputado como supuesto testaferro Luciano Pantano.
“El cambio de domicilio que pretende la AFA habría sido resuelto supuestamente por sus asociados en asamblea extraordinaria el 17/10/2024 y asentado de manera unilateral en el registro de personas jurídicas de la Pcia de Buenos Aires el 15/11/2024.”
Este acto se encuentra cuestionado por la IGJ, pero para la fiscalía lo determinante “no es el domicilio que figura en la documentación o páginas institucionales de AFA sino el lugar donde realmente funcionó y funciona en los hechos la sede principal de gobierno, administrativa, contable y comercial”.
En el nuevo domicilio en la calle Néstor Kirchner (ex Mercedes) 1366 de Pilar “no existían hasta el 18/01/2026 oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”. Por ejemplo, en los boletines de la Asociación hasta el 26 de enero pasado figura la calle Viamonte como sede de una reunión del Comité Ejecutivo y también ese es el domicilio fijado para presentar ofertas para la adjudicación de los derechos de televisación de los partidos de los Campeonatos del Ascenso, “se especifica en el segundo piso, Oficina de Secretaría”, calle Viamonte.
En CABA “se halló documentación relevante vinculada a los sucesos denunciados”, mencionó la fiscalía, incluidos contratos con intermediarios financieros como TroudProdCenter. También llegaba a la sede central de AFA el resumen de la tarjeta de crédito corporativa a nombre de Pantano con la que se pagaban los peajes de los vehículos y llegó a tener consumos mensuales por 50 millones de pesos.
A su entender, las pruebas reunidas muestran que no sólo las decisiones, sino también las maniobras de presunto blanqueo de dinero, ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. “Es posible sostener que en este ámbito capitalino se habrían realizado actos jurídicos que habrían implicado el desvío y el posterior ingreso de parte de esos fondos al sistema económico legal con la intención de otorgarles una apariencia de origen lícito”, afirmó.
Entre esos indicios mencionó operaciones con financieras de la avenida Corrientes, movimientos de efectivo en domicilios de la Ciudad y registros periodísticos con “videos y fotos de personas contando dinero en efectivo”, que —dijo— deben ser profundizados judicialmente.
En la misma línea, subrayó que el supuesto nuevo domicilio en Pilar carece de actividad real: “No existían oficinas en las cuales se haya podido llevar a cabo la actividad propia de la institución”, y recordó que incluso la IGJ rechazó la inscripción del cambio de sede.
Con ese planteo, el fiscal pidió que la causa vuelva a tramitar en el fuero federal porteño, al sostener que “en este ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción en la cual se habrían llevado a cabo la mayoría de los actos constitutivos del delito de lavado”.
Qué y a quiénes se investiga
La investigación apunta contra la cúpula de la AFA y su entorno, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, su hermano Darío Toviggino, el exdirector ejecutivo Juan Pablo Beacon, la ex tesorera y pareja de Toviggino Florencia Sartirana y los responsables de la intermediaria TourProdEnter: quien figura como su titular Erika Gillette y su esposo Javier Faroni, entre otros, enumeró en su escrito ante Casación.
La maniobra se habría cometido a través de una red de empresas locales e internacionales. En la investigación —aún en etapa preliminar— se menciona a Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, además de sociedades consideradas “pantalla” como Velp LLC, Velpasalt LLC, Marmasch LLC y Soagu Services LLC. También aparecen firmas como Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL, Servicios Lindor SA, Mendoza Wines SA, Malte SRL y Soma SRL, entre otras.
La fiscalía resalta que gran parte de estas firmas y personas tiene domicilio en CABA, incluida la sociedad Real Central de los Pantano, que figura como compradora de la casaquinta de Pilar que dio origen a la investigación.
La última palabra ahora la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si hace lugar al planteo del fiscal o confirma el traslado del expediente fuera de CABA.
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