El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos cómplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.
La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.
Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente año. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora.
El caso
En diciembre del año pasado, el juez Armella ordenó una ola de allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. Todo surgió a partir de una denuncia por estafa y lavado de Auriga League S.A., una empresa que le habría otorgado a Banfield un préstamo de dos millones de euros que supuestamente no fue devuelto.
Entonces comenzó a desentramarse el vínculo entre Sur Finanzas, Banfield y el resto de los clubes con los que se detectaron vínculos sospechosos: San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley, entre otros.
La investigación de la fiscal Incardona detalla que la financiera habría generado ganancias ilícitas a costa de los clubes mediante un conjunto de prácticas financieras abusivas y fraudulentas, que se detallan a continuación.
- Condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habría aplicado tasas y términos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovechándose de su necesidad de liquidez. Esto generaba un perjuicio económico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas.
- Suscripción de mutuos usurarios: Se habrían celebrado contratos de préstamo con los clubes bajo condiciones de usura, es decir, con intereses extremadamente altos que superaban los límites legales o éticos. Esto resultaría en una carga financiera insostenible para los clubes y un enriquecimiento ilícito para la organización.
- Obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma: Los clubes habrían sido forzados a emplear un sistema de pago específico ofrecido por Sur Finanzas.
- Contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real: Se habrían firmado acuerdos de patrocinio con los clubes que, en realidad, no tenían una contraprestación efectiva o eran meras fachadas para transferir fondos. Estos contratos simulados permitirían justificar movimientos de dinero que, en esencia, eran parte de la obtención de ganancias ilícitas, dándoles una apariencia de legalidad.
La supuesta asociación ilícita liderada por Ariel Vallejo habría operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2025, época en la que el empresario fue construyendo su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los ilícitos detectados por la fiscal Incardona también se encuentra la retención indebida de aportes a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habría retenido y no depositado más de 46 millones de pesos en impuestos.
En cuanto al lavado de activos, la acusadora pública ubicó el negocio en un monto superior a 108 millones de dólares.
Esos fondos tendrían su origen en infracciones al Régimen Penal Cambiario y operaciones de intermediación financiera no autorizada, a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra actuaron como socios gerentes.
Además, este capital ilícito habría servido para la posterior constitución de otras sociedades que conformaron el holding Sur Finanzas.
La lista de imputados y más medidas
Maximiliano Vallejo fue citado por asociación ilícita y lavado de activos agravado. Su madre Graciela Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo -pareja de Vallejo- también fueron convocadas por los mismos delitos, en calidad de miembros y coautoras de lavado de activos.
Gerardo Carrozza enfrentará cargos por asociación ilícita como miembro y lavado de activos como partícipe primario. Juan Ramón Cervín, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela Sánchez fueron citados por asociación ilícita y lavado de activos como partícipes secundarios.
Finalmente, las empleadas Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron llamadas a indagatoria por asociación ilícita.
Además de las personas físicas, los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deberán presentarse a declarar por lavado de activos.
Como parte de las medidas cautelares, se impusieron a los imputados la obligación de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, la prohibición de salir del país sin autorización previa y la prohibición de contactarse con otros investigados en la causa, salvo familiares.
En el ámbito patrimonial, el juez Armella ordenó el secuestro de diez vehículos, en su mayoría de alta gama. Entre ellos, un Audi Q2 a nombre de Ariel Vallejo; un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE y un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo.
Los siete vehículos restantes, que incluyen modelos Toyota SW4, Citroën C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, figuran a nombre de Sur Finanzas Group.
Asimismo, se decretó la inhibición general de bienes para las 15 personas involucradas y para 16 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso también la prohibición de innovar y la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para los principales imputados, así como el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y de la Unidad de Información Financiera.
Esta medida busca profundizar el análisis de su situación tributaria, patrimonial y financiera desde 2022 hasta la fecha, incluyendo datos del ARCA, ARBA, AGIP, la CNV y una larga lista de registros y bases de datos públicas y privadas.
Finalmente, se encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) la elaboración de un informe patrimonial exhaustivo sobre las personas a indagar, para graficar sus posibles vínculos con las ganancias ilícitas del holding Sur Finanzas y analizar la justificación de su evolución patrimonial.
Más causas
En paralelo, también está en curso una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- a cargo de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.
En esa investigación se detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones.
La acusación sostiene que Sur Finanzas habría hecho operar en el mercado a personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito.
La fiscal Incardona impulsó, hasta ahora sin éxito, el traslado de ese expediente al Juzgado que subroga Armella. La cuestión se definirá en la Cámara Federal de Casación Penal, que ayer habilitó la discusión sobre el recurso del Ministerio Público.
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