El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien se encuentra procesado y con una orden de prisión preventiva que no se hace efectiva por su inmunidad como magistrado, jugó una carta fuerte en los tribunales federales de Comodoro Py al denunciar a Fernando Whpei, el financista arrepentido que confesó haber acordado con él el pago de sobornos a cambio de fallos favorables.
La presentación de Salmain recayó por sorteo el pasado viernes en el juzgado de María Servini, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo. La estrategia del juez rosarino apunta a desacreditar a Whpei, a quien acusó de “mentir para favorecer” su propia situación ante la Justicia.
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Mientras tanto, la causa principal avanza en Rosario impulsada por un equipo de fiscales federales que ya lograron corroborar gran parte de la confesión del financista mediante el cruce de datos de expedientes y la geolocalización de teléfonos celulares.
El negocio que salió mal
Según se desprende el expediente, la acusación que pesa sobre Salmain se originó, paradójicamente, en un “acuerdo” que fracasó por el contexto político y económico del país. Whpei confesó ante el Ministerio Público que, en diciembre de 2023 —durante la vigencia del cepo cambiario— el juez lo autorizó a comprar 10 millones de dólares al valor oficial.
El pacto, presuntamente orquestado con la ayuda del operador judicial Santiago Busaniche, estipulaba una coima del 10 por ciento de la operación, estimada en ese momento en unos 200 mil dólares. Sin embargo, la llegada del gobierno de Javier Milei y la consecuente devaluación alteraron la ecuación: la brecha se achicó y el “retorno” del 10 por ciento se licuó a menos de 20 mil dólares.
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De acuerdo al testimonio del arrepentido, el juez se habría negado a aceptar esa suma reducida, exigiendo el monto original acordado bajo amenaza de denunciarlo penalmente. Ante la negativa del financista a pagar la diferencia, la denuncia se concretó, lo que derivó en la confesión de Whpei y el destape del escándalo.
Procesamiento y fueros
A fines del año pasado, el juez federal N°4 de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a Salmain, Whpei y Busaniche. Al magistrado se le imputaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
El fallo de Vera Barros incluyó un dato de extrema gravedad institucional: ordenó la prisión preventiva de Salmain por considerar que intentó entorpecer la investigación. No obstante, aclaró que la detención no se hará efectiva en virtud de la Ley 25.320, que otorga inmunidad de arresto a los jueces mientras dure su mandato. Sí se le prohibió la salida del país.
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Para el juez que dictó el procesamiento, “de los hechos expuestos puede concluirse con el grado de probabilidad que la etapa procesal exige, que Busaniche, Whpei y Salmain llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial”.
La investigación no solo se nutre de la confesión, sino de los detalles aportados sobre la operatoria. Whpei relató reuniones en el despacho del juez sobre la calle Entre Ríos para discutir “cuestiones técnicas”, mientras que los arreglos económicos se habrían cerrado con Busaniche en encuentros en un reconocido hotel y en un bar del centro de Buenos Aires. El dinero, según la acusación, debía entregarse en billetes físicos.
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En paralelo a la vía penal, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanza en la investigación disciplinaria contra Salmain.
Los consejeros no solo analizan este presunto cohecho, sino también antecedentes del magistrado: se lo investiga por haber omitido en su concurso que había sido despedido de la Justicia por intentar coimear a una empleada cuando trabajaba en el fuero de la Seguridad Social.
Los planteos en el Comodoro Py
Salmain no es el único que busca oxígeno en Comodoro Py. La defensa del operador Santiago Busaniche presentó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal argumentando la “insustancia de la acción penal”.
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El recurso recayó en la Sala III. Sin embargo, la intervención de este tribunal es una incógnita, dado que Gemignani ya anunció su jubilación a partir del 1º de marzo, lo que obligará a definir quién ocupará su lugar para resolver el futuro de los acusados.
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