Anularon un acuerdo de divorcio: la justicia dijo que la mujer era víctima de violencia y le ordenó al marido devolverle plata

Siempre es difícil acordar los términos de una separación. Habían estado juntos durante quince años, pero ya no iba para más. Hubo que pactar los términos del divorcio y firmaron un acuerdo de división de bienes. Ella se comprometía a pagarle a su ex pareja mensualmente 870 dólares a cambio de que dejara la casa que habían compartido (de ella, fruto de una herencia). Es porque él reclamaba la devolución de lo que había pagado por las mejoras en la vivienda. Los abogados de ella le aconsejaron que no firmara, pero la mujer quería terminar de una vez. Sin embargo, ahora, siete años después, ese acuerdo quedó en la nada: el juez Gabriel Tavip, a cargo del juzgado de Familia de 2° de Córdoba, resolvió declararlo nulo, al dar por probado que la mujer era víctima de violencia de género patrimonial, psicológica y física, según el fallo al que accedió Infobae.

O. y P. R. se conocieron en 2003. Trabajaban juntos. Se enamoraron y decidieron vivir juntos. Él se instaló en el departamento que ella alquilaba. Después se mudaron a la casa que era de la madre de ella. Las cosas funcionaron bien al principio, pero O. comenzó a maltratarla. En 2004 lo denunció por intentar golpearla con una silla. En 2011 le dio un manotazo en la cara y el cuello: fue una discusión en plena calle en donde intervino la policía. O. terminó pasando la noche en un calabozo. Él le prometió cambiar y siguieron viviendo juntos. Llegó 2017 y la situación no daba para más.

Acordaron separarse… Acordaron es precisamente lo que está en juego en este caso.

Según dice la fría letra de aquel documento, señaló que “los bienes que integran la sociedad conyugal se enumeran a continuación, y han sido, oportunamente, valuados nominativamente de común acuerdo, incluso con participación profesional de su confianza, a saber: Mejoras realizadas en la casa, el cual es un bien propio de la Sra. P. R. por un valor de $2.000.000,00. Este rubro se liquida de la siguiente forma: El Sr. O. propone que se abonen 70 cuotas iguales y consecutivas de U$S 840 pagadera la primera de ellas el día 10 de Enero de 2018 y las restantes cuotas los mismos días de los meses subsiguiente hasta su terminación”. Tenían un auto 2015 que fue vendido y el dinero se lo quedó el hombre. Y una serie de muebles que iban desde el juego de dormitorio hasta los aires acondicionados. En el momento de la firma, la mujer le entregó 47 mil pesos en el momento. El hombre aceptó desocupar la casa.

Pero en octubre de 2021 el hombre se presentó ante la justicia civil y comercial para demandar a su ex pareja por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato: dijo que su ex mujer le pagó las cuotas mensuales desde enero de 2018 hasta que abril del 2021, pero en esa fecha recibió una carta documento avisándole que dejaría de pagar y solicitaba la nulidad del acuerdo. El juez remitió el caso a la justicia de familia.

Y ahí la mujer dio su versión: aseguró que no había firmado libremente porque era víctima de violencia de género. Que las discusiones para que él abandonara la casa que ella había recibido como herencia eran constantes. Insultos, agravios, amenazas.

“Al principio con propuestas de que yo me endeudara pidiendo créditos hipotecarios sobre la casa de mi madre - lugar en donde vivíamos y a donde nos habíamos mudado y realizado mejoras todo ello por imposición de O. - o bien O. me pedía que yo le firmara como locataria un contrato de locación de vivienda de una casa elegida por él para que él viviera en la misma y mientras tanto yo se la pagara la locación hasta que él cobrase lo que a él le parecía como justo por la división de bienes”, aseguró.

Aportó además una conversación grabada en donde su ex pareja la amenazaba, hecho que fue denunciado en otro juzgado. “Te voy a cagar matando te voy a matar; por Dios que te mato a vos y te meto dos tiros a la cabeza -le decía-. A mí no me importa ni bosta; te voy a cagar matando. De aquí te van a sacar pero al cementerio, no sé quien, no me importa, te voy a cagar matando hija de puta, ya te voy a dar vamos a un abogado (…) Ya te dije cuánto quiero, cuanto sale la casa tres millones y medio. Dame lo que me corresponde a mí y dejate el resto para vos no me interesa, vos tenes mas porque eso es tuyo, Está? Ya te lo dije doscientas mil veces cómo son las cosas”.

La mujer no le contó a sus abogados la amenaza. Temía que no la dejaran concretarla. Es que el hombre seguía viviendo dentro su casa, durmiendo en el cuarto de al lado. “Conocía mi vida y movimientos, y en otras ocasiones me había amenazado indirectamente con que unos colombianos podrían llegar a venir a balear el frente de mi casa en caso de que yo no le facilitara dinero a O. para que él saldara unas deudas que según él tenía pendiente con esta gente peligrosa”, declaró.

Según su versión, el hombre “siempre con el pretexto del pacto se comunicaba ejerciendo violencia psicológica a través de mensajes de WhatsApp exigiéndole obligaciones económicas injustificadas como dinero para solventar sus gastos de internación o para realizarse implantes dentales”. En sus palabras, su ex pareja buscó “enriquecerse” a su costa, aún viviendo separados. “Todos los meses la deuda indexada, llegando un momento en que el pago de la cuota era mayor que su sueldo”, afirmó.

Por eso pidió la nulidad del acuerdo que ella misma había firmado: aseguró que todas las cláusulas del pacto implicaban “un ejercicio abusivo de los derechos”. El juez Tavip analizó las pruebas, confirmó las denuncias previas realizadas y, haciendo números, confirmó que la cifra que habían pactado era mucho más elevada que el aporte que había hecho el hombre durante la convivencia de la pareja: representaba el valor de la mitad de la casa. Encima la mujer afirmaba que los arreglos lo habían pagado los dos.

Además escuchó una serie de testigos. La psicóloga que la atendía confirmó que en 2021 la mujer estaba con “una crisis emocional profunda”, “severos síntomas de ansiedad un miedo y terror constantes y una preocupación extrema de cómo iba hacer para seguir afrontando la deuda que tenía con la ex pareja, sabiendo que sus recursos materiales se habían agotado”. Según detalló, la mujer le ofrecía “pagárselo de diversa manera para lograr separarse, para lograr que se retire de la casa pero él no accedía; era tortuoso porque siempre él le pedía más y más y nunca apelando al diálogo a la palabra sino directamente las amenazas”.

También declararon los abogados que intervinieron en la confección del convenio traído para homologar. “Le aconsejamos en muchas oportunidades a P. que no lo firmase pero ella por querer sacárselo de encima, insistió en firmarlo, (…) luego O. vino con la conformidad lo que era los números y lo que él quería nunca se pudo tocar, si no le daban eso, no se iba de la casa , incluso la amenazó con quedarse con la casa (...) P. estaba muy triste muy presionada por O. porque a ella se le estaba complicando cumplir las condiciones venía al estudio se largaba a llorar”.

El magistrado también dio por probada la amenaza que aportó la mujer a través de un peritaje informático y los fallos del tribunal de Violencia, que “en reiteradas oportunidades dispuso medidas de restricción de acercamiento y contacto, e impuso la realización de terapia psicológica a ambas partes”.

“Estoy en condiciones de afirmar -dijo el juez- que el acuerdo celebrado es un acto jurídico nulo por ser llevado a cabo sin libertad; con el vicio de la violencia, es especial la violencia de género que O. ejerció sobre P. R. Se pudo corroborar que P.R. se encontraba antes del acuerdo, durante su celebración y en su etapa de ejecución, bajo la violencia económica patrimonial, psicológica y física de G.C.O., que fue ejercida bajo la modalidad de violencia doméstica. Por tanto, el mismo es nulo totalmente”.

El fallo también ordenó al hombre restituir a su ex mujer las sumas de dinero en dólares estadounidenses percibidas hasta el momento, equivalente a 36 cuotas y media del equivalente a 840 dólares, tal como fue coincidentemente declarado por las partes. Es que dio por probado el “desequilibrio económico” del acuerdo.

¿Por qué? Es que la deuda de $1.000.000 -excesiva e injustificada- se tradujo en 70 cuotas de US$ 840 al tipo de cambio ‘blue’ o paralelo vigente en septiembre de 2017 ($17); poco más de US$ 58.000. “Esta forma de actualizar la deuda, que originariamente era en pesos fue con el paso del tiempo provocando un mayor socavamiento en la economía de P. A. P. R., quien estaría pagando en este momento cerca de un millón de pesos ($1.000.000), es decir mensualmente estaría asumiendo el total nominal de la deuda surgida en 2017. Este incremento del valor, más allá de como ya dijimos no tiene sustento desde su nacimiento, es desproporcionalmente mayor al aumento de la inflación”.