Autoridades Hondureñas desarticulan red de tráfico de armas procedente de Estados Unidos

Nueve pistolas, un fusil, 22 cargadores para pistola y cartuchos de distintos calibres fueron incautados durante una operación que permitió a las autoridades hondureñas identificar una red de tráfico ilegal de armamento procedente de Estados Unidos.

La investigación, que comenzó el 5 de diciembre de 2022, se originó tras la interceptación en Choloma de un contenedor con encomiendas provenientes de Nashville, Tennessee.

El cargamento estaba oculto entre paquetes y contenía cartuchos metálicos sin percutir de calibres .357 SIG, .40 Federal, 9 mm y proyectiles 7.62x39 mm.

Las armas y municiones ingresaron a Honduras sin los permisos requeridos, aprovechando servicios de distintas empresas de encomienda para evadir los controles aduaneros y la legislación vigente. Este hallazgo permitió a los investigadores rastrear el recorrido del armamento y descubrir la existencia de una estructura criminal con ramificaciones internacionales.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Policía Militar del Orden Público, actuando bajo la coordinación del Ministerio Público, llevaron a cabo cuatro allanamientos de morada en Copán, Villanueva Cortés y en Santa Rita, tras su autorización judicial.

Estas acciones estuvieron dirigidas a detener a presuntos miembros de una organización dedicada a la compra, ingreso y distribución de armamento y municiones enviadas desde el extranjero.

Las indagaciones permitieron comprobar que esta red contaba con conexiones transnacionales, facilitando la adquisición y traslado clandestino de armas y municiones desde territorio estadounidense hasta Honduras. Una vez en el país, los artículos eran distribuidos sin autorización a través de diversos canales, burlando los controles de importación nacionales.

El Ministerio Público detalló que el objetivo primordial es desarticular la estructura criminal y frenar el ingreso de armas de alto calibre y municiones, que en manos de organizaciones delictivas han generado situaciones de violencia y luto en la sociedad hondureña. Además, las autoridades buscan cortar los nexos internacionales que permiten la compra y posterior comercialización ilegal de estos artefactos.

Como parte del proceso, se continúa la identificación de implicados en la red, así como la determinación del alcance total de las operaciones detectadas. La intervención conjunta entre las distintas agencias estatales ha sido clave para avanzar en la investigación y para impedir que las armas sigan llegando a grupos delictivos.

La operación también evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia sobre las empresas de encomiendas, utilizadas por los traficantes para ocultar los envíos y evitar la detección por parte de los controles fronterizos. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de impedir el ingreso de armamento ilegal al país, así como de proteger a la población de los efectos negativos asociados al tráfico de armas y municiones.

Las autoridades hondureñas mantienen abiertas las diligencias y han señalado que seguirán actuando para asegurar que los responsables enfrenten la justicia. El caso subraya la gravedad del tráfico transnacional de armas y la importancia de la cooperación entre organismos de seguridad para combatir este tipo de delitos que afectan directamente la seguridad pública y la convivencia en el país.