Las finanzas públicas de Honduras atraviesan una situación crítica por el impacto acumulado de embargos y demandas judiciales que, en las primeras semanas de 2026, han desviado 3 mil 903 millones de lempiras de la caja única del Estado, según reveló Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas.
La Secretaría de Salud suma la mayor carga con 7 mil 418 millones de lempiras embargados, una cifra que evidencia la gravedad del conflicto judicial en el sector sanitario. En la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, los embargos ascienden a 1 mil 712 millones de lempiras.
Otras instituciones atraviesan problemáticas similares: la Procuraduría General de la República reporta más de 1 mil millones de lempiras en embargos; la Secretaría de Desarrollo Social, más de 1 mil 010 millones; el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), 46 millones; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 36 millones; la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), 1 mil 655 millones; y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), 923 millones. Además, diferentes alcaldías arrastran 206 millones de lempiras en demandas y embargos acumulados.
Hernández Hércules calculó el daño de los 3 mil 903 millones de lempiras desviados en el inicio del año: con ese monto se habría podido duplicar en un 175 % la compra de medicamentos de la Secretaría de Salud, abastecer de textos escolares al sistema público durante seis años o financiar más de 240 kilómetros de carreteras. El funcionario matizó que esos recursos habrían permitido construir una autopista desde La Barca, por El Progreso y Tela, hasta Jutiapa, conectando regiones estratégicas para el desarrollo de la costa atlántica.
Estos números muestran cómo los embargos judiciales afectan tanto las cuentas estatales como los servicios y la infraestructura que impactan la vida de los hondureños.
Al exponer el mecanismo detrás del aumento de embargos, el ministro denunció presuntas irregularidades en el Poder Judicial, especialmente en la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hernández Hércules aseguró que algunos jueces saltan los procedimientos formales con la Tesorería General de la República y actúan directamente sobre la cuenta estatal en el Banco Central de Honduras. Este proceder, según el ministro, garantiza una ejecución inmediata para los demandantes, limitando la maniobra del Ejecutivo y comprometiendo la transparencia.
El titular de Finanzas planteó la posibilidad de colusión entre personal judicial y defensores privados para ejecutar embargos que dañan el erario, e informó que ya se han pedido investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República para aclarar la situación.
A los fondos embargados, que, según Hernández Hércules, “ya no podrán recuperarse para las arcas públicas”, se suma la persistencia de una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras. Este compromiso corresponde a obligaciones reconocidas y pendientes de pago, que detonan nuevos litigios cuando los acreedores acuden a tribunales, generando un ciclo constante de sentencias y embargos. Analistas advierten que la combinación de estos factores dificulta la posibilidad del Estado de invertir en infraestructura, salud y educación, deteriorando la confianza de inversionistas y organismos internacionales.
Hernández Hércules solicitó al Congreso Nacional que apruebe la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. Esta propuesta busca proteger la caja única del Estado y establecer frenos para que los embargos judiciales no se ejecuten directamente sobre los fondos centrales. La ley obligaría a programar el pago de sentencias según el presupuesto y proteger la liquidez administrada por el Banco Central.
El trámite parlamentario ocurre mientras el país enfrenta desafíos estructurales: estimular el crecimiento, reducir la pobreza y optimizar el gasto público, presionado todo por la urgencia de restaurar la gobernabilidad financiera.
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