Alrededor de 70 alcaldías se encuentran embargadas en Honduras

Mientras las alcaldías enfrentan embargos que superan los 1.200 millones de lempiras, la organización exigió el respeto al límite legal que establece un tope del 40% para las retenciones judiciales. Advirtió que en varios casos las resoluciones permiten el embargo total de las transferencias estatales, lo que deja sin recursos incluso para el pago de salarios.

La Amhon detalló que los embargos millonarios afectan la operatividad de más de una docena de alcaldías y ponen en riesgo la continuidad de proyectos clave para la población. afirmó que, si no se revisan los mecanismos actuales ni se adoptan medidas urgentes, el impacto negativo en los municipios puede crecer en los próximos meses y generar mayores dificultades para miles de hondureños que dependen directamente de las alcaldías para servicios esenciales. Según datos de la asociación, alrededor de 70 municipios se encuentran embargados por diferentes demandas, situación que ha provocado retrasos o cancelación de obras de infraestructura, suspensión de programas sociales y postergación de pagos a empleados municipales.

Las alcaldías hondureñas enfrentan actualmente la retención de fondos por un monto que supera los 1.200 millones de lempiras, cifra que compromete la viabilidad financiera de más de una docena de municipios. El presidente de la Amhon, Nelson Castellanos, precisó que en al menos 12 alcaldías los embargos se originan en demandas laborales y procesos administrativos heredados de administraciones anteriores, principalmente por despidos realizados por alcaldes salientes que derivaron en fallos judiciales en contra de las municipalidades.

El impacto se refleja en servicios como el mantenimiento de infraestructura, pago de planillas, recolección de desechos sólidos y ejecución de pequeños proyectos comunitarios. Castellanos expresó la gravedad de la situación: “Detrás de un alcalde hay un pueblo que sufre las consecuencias de un grado de irresponsabilidad”, enfatizando que los perjuicios afectan directamente a miles de ciudadanos.

El presidente de la Amhon denunció que, en algunos casos, los embargos han llegado al 100% de las transferencias que reciben las municipalidades desde el Gobierno Central, pese a que la normativa vigente establece un tope del 40%. Según Castellanos, esta situación deja sin capacidad operativa a las administraciones y pone en jaque el cumplimiento de funciones básicas.

Las demandas laborales que motivan estos embargos suelen estar relacionadas con pasivos heredados de corporaciones municipales anteriores. Muchos alcaldes electos asumen funciones en medio de procesos judiciales avanzados por decisiones ajenas, lo que complica la planificación y el saneamiento financiero de los gobiernos locales. La Amhon actualmente acompaña a varios ediles que, al asumir sus cargos, ya enfrentaban juicios iniciados y deudas acumuladas.

Castellanos puntualizó que el problema principal es la ejecución de los embargos, no el cumplimiento de las sentencias ni el respeto de los derechos laborales. La asociación solicita un análisis integral de los procesos judiciales y la creación de reglas claras que impidan que las nuevas corporaciones municipales arrastren sanciones derivadas de irregularidades administrativas de sus antecesores.

La institución sugiere mayor asesoría legal, controles más estrictos en contrataciones y despidos, y esquemas que eviten la acumulación de pasivos laborales insostenibles.

La alcaldesa de Ojos de Agua, Xiomara Ulloa, explicó que, además de las retenciones por demandas judiciales, las municipalidades enfrentan deudas por transferencias no recibidas en el último año. “Quedamos con una deuda del año pasado en cuanto al presupuesto 2025 y ahora estamos en esas exigencias para que se nos pueda cancelar lo adeudado y dar respuesta a nuestra población”, señaló Ulloa.

Para los municipios pequeños y rurales, donde la recaudación local es baja, las transferencias estatales representan la principal fuente de ingresos operativos. Cuando estos fondos se retienen parcial o totalmente, las alcaldías deben suspender proyectos, retrasar pagos y reducir o interrumpir servicios básicos.

Ante el bloqueo de recursos, municipios de distintas regiones del país han tenido que suspender proyectos de pavimentación, mejoras en centros comunales y obras de mantenimiento de caminos rurales. También se han interrumpido programas de apoyo social y, en algunos casos, empleados municipales reportaron demoras en el cobro de sus salarios.

Mientras tanto, la Amhon reitera su llamado a revisar de forma urgente tanto los embargos como los retrasos en las transferencias. La asociación considera que el cumplimiento del tope legal del 40% es indispensable para evitar una paralización total de los gobiernos locales.