El recinto de la Cámara de Diputados de la Nación hervía la noche del miércoles 25 de febrero de 1976. El reloj del golpe, como lo había llamado el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, tenía su mecanismo bien aceitado y seguía su marcha, aunque en el gobierno que encabezaba María Estela Martínez de Perón muchos no quisieran verlo. El tema del día era excluyente: sectores de la oposición habían solicitado que se tratara sobre tablas –es decir, sin su paso previo por las comisiones y fuera del orden del día- un pedido de juicio político contra la presidente con el objetivo de destituirla por “inhabilidad política”.
El gobierno enfrentaba embates desde varios frentes. Por esos días ya se conocían los números de la economía del primer mes del año y eran catastróficos: según el Indec, los precios habían subido un 14,6 por ciento en enero, un mes que solía ser históricamente de baja inflación. Eso significaba que en los últimos doce meses los precios al consumidor habían subido un 359 por ciento. A eso había que sumarle una desocupación que crecía con prisa y sin pausa y un salario que se pesaba muy poco en los bolsillos. La cotización del dólar, que al final de enero rondaba los 140 pesos ley 18.188 –la moneda del momento– ese día volaba por encima de los 290 pesos, un salto de casi el 100 por ciento en menos de 30 días.
En ese contexto, la pata empresarial que promovía el golpe de Estado había jugado fuerte con un lockout patronal el 16 de febrero. Los integrantes de La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), una entidad liberal y antiestatista creada ese mismo año para desestabilizar al gobierno con maniobras inflacionarias y de desabastecimiento, pusieron como nunca antes los argumentos para convocar al paro: denunciar “la presión de las comisiones internas y elementos subversivos en las fábricas”, a la “camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos en el gobierno” y a la “anarquía reinante”, a la que los empresarios veían como el paso previo a la instauración del “colectivismo comunista”. Todas esas denuncias apuntaban a un solo objetivo: la caída del gobierno ya fuera por la renuncia de la presidenta o por su derrocamiento.
La viuda de Perón había intentado en vano frenar la embestida empresarial con una movida drástica. El 3 de febrero había desplazado a Antonio Cafiero del Ministerio de Economía para reemplazarlo por Emilio Mondelli, un economista manifiestamente liberal. La presidenta se había mostrado optimista con el resultado de la jugada y así se lo hizo saber al intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias: “No se preocupe. Aquí no hay golpe que valga. A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo tengamos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones”. En el famoso plan podía resumirse en tres medidas: aumentos de tarifas, reducción del gasto público y la privatización de empresas públicas para obtener dólares. El problema era que todo eso no podía llevarse a cabo sin provocar protestas obreras y sociales a las que el gobierno solo podría acallar con represión.
Así, Isabel buscaba un tubo de oxígeno que nadie estaba dispuesto a darle. El lockout del 16 tuvo la adhesión de alrededor de un millar de entidades empresarias y, aunque sus consecuencias inmediatas sobre la economía no fueron contundentes, el mensaje político fue claro: “El lockout pre golpista no tuvo efectos duraderos (…) pero la marca política fue indeleble en tanto significaba un corte definitivo de las patronales con el gobierno y el impulso manifiesto a una política económica que los consagrara como beneficiarios directos”, explica Vicente Muleiro en 1976 – El golpe civil.
El efecto político fue tal que ese mismo día la presidenta debió hablar por la cadena nacional para asegurar que no renunciaría “porque así lo impone una responsabilidad histórica ineludible: el deber de evitar la dispersión de las fuerzas populares que, de no ser así, buscarían la defensa de sus conquistas y esperanzas en la izquierda marxista”.
Así estaban las cosas el 25 de febrero cuando la Cámara de Diputados debió abordar la solicitud de tratamiento sobre tablas del pedido de juicio a María Estela Martínez de Perón. Los promotores eran los diputados de la bancada de la Fuerza Federalista Popular (Fufepo) Ricardo Balestra y Francisco Moyano, con el acuerdo de María Cristina Guzmán, legisladora del Movimiento Popular Jujeño y jefa del bloque de la Alianza Popular Federalista. La iniciativa tenía además el apoyo de la Unión cívica Radical (UCR), Línea Popular, Unión Conservadora y el bloquismo sanjuanino.
A los promotores y sus adherentes no les daban los números, en una Cámara donde el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) y sus aliados contaban con más de la mitad de las bancas. Sin embargo, el peronismo estaba dividido entre los verticalistas que sostenían a Isabel Perón a rajatabla y grupos disidentes que cuestionaban su gestión y su conducción aunque, como solía decir el difunto líder justicialista, no sacaban “los pies del plato”. Muchos de estos últimos creían que la gestión de la viuda de Perón en la presidencia estaba irremediablemente agotada, pero no se animaban a promover una medida tan drástica como un juicio político.
Esos sectores disidentes, que también tenían diferencias entre sí, veían como una salida posible la renuncia voluntaria o una larga licencia de la presidenta para poner en la Casa Rosada –como ya había ocurrido el año anterior– al presidente provisional del Senado, Ítalo Argentino Lúder, como una manera de calmar a los militares y a su pata civil y así evitar el golpe de Estado.
La esperanza de los promotores del tratamiento sobre tablas del pedido de juicio político era que uno de esos bloques disidentes dentro del peronismo apoyara la moción. Sus expectativas estaban puestas en el antiverticalista Grupo de Trabajo, con cuyos integrantes mantenía frecuentes y febriles negociaciones. Según algunos de los negociadores de la oposición habían logrado la promesa de esos peronistas disidentes. Existiera o no ese compromiso, lo cierto fue que a la hora de levantar la mano no lo hicieron y los votos no alcanzaron para lograr los dos tercios necesarios.
El resultado quedó a la vista: el pedido de tratamiento sobre tablas del juicio político a la presidenta había fracasado. “Diputados consideró el pedido de juicio político”, tituló de manera neutra Clarín al día siguiente. Solo en la bajada informaba sobre el resultado: “En un clima tumultuoso la Cámara de Diputados rechazó esta madrugada el tratamiento sobre tablas del juicio político a la Presidente”, decía. Como la votación se realizó muy tarde, La Nación no alcanzó a contar cómo habían terminado las cosas: “El juicio político a la Jefa del Estado”, tituló, para después agregar una bajada de solo dos líneas en la que debió apelar a un verbo en condicional: “Agitado debate en la Cámara de Diputados al pedirse el tratamiento sobre tablas del proyecto de la FUFEPO: rechazaría el cuerpo la iniciativa”.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón había resistido así un nuevo embate, pero su suerte estaba echada. Aún sin fecha precisa, el golpe de Estado era inexorable. Si la renuncia o el desplazamiento de la presidenta mediante un juicio político habría cambiado la historia es hoy un debate inútil, aunque en ese momento hubo quienes lo creyeron.
Años más tarde, una de las promotoras de aquel pedido, la diputada jujeña María Cristina Guzmán, lo explicó así: “Había que resguardar la estabilidad institucional a través del juicio político. Los federalistas presentamos en diciembre del 75 un juicio político que se trató a fines de febrero de 1976. Ya para ese momento todos anunciaban golpe de Estado, pero había elecciones en octubre. Si había juicio político se removía a la presidenta y asumía Lúder hasta las elecciones. Con Lúder sabíamos que íbamos a poder llegar a las elecciones. Si el juicio político hubiera tenido apoyo, el golpe se paraba, salvábamos las instituciones”, dijo en una entrevista publicada por el diario La Nación.
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