“¡Quieto todo el mundo!”: a 45 años del “Tejerazo”, el intento de golpe de Estado que tuvo en vilo a España durante 18 horas

El 23 de febrero de 1981, a las 18:22 —o 18:23, según los cronómetros de la época—, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió por asalto en el Congreso de los Diputados, enclavado en pleno centro de Madrid. Lo hizo escoltado por un pelotón de aproximadamente 200 efectivos armados, empuñando una pistola y apuntando directamente hacia el techo de la cámara baja. El recinto se encontraba inmerso en la sesión de investidura destinada a proclamar a Leopoldo Calvo Sotelo, representante de la Unión de Centro Democrático (UCD), como nuevo presidente del Gobierno.

Tejero efectuó reiterados disparos contra la bóveda del hemiciclo mientras lanzaba dos gritos que quedarían cincelados en los registros documentales de la jornada: “¡Quieto todo el mundo!” y “¡Se sienten, coño!”. Ante las detonaciones y la estupefacción generalizada, la mayoría de los parlamentarios se tiró al suelo para resguardarse. Solo tres dirigentes permanecieron erguidos en sus escaños: el presidente saliente del Ejecutivo, Adolfo Suárez; el vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado; y el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo.

En medio de ese clímax de nerviosismo, otro de los incursores, el capitán Jesús Muñecas, tomó la palabra para comunicar a los secuestrados que aguardaban la llegada de la “autoridad competente, militar por supuesto”. El sitio al núcleo del poder parlamentario español se prolongaría durante 18 tensas horas.

Fueron fundamentales en aquel levantamiento cuatro personas que ocupaban lugares relevantes del poder de aquel entonces: el rey de España, Juan Carlos I; el teniente coronel Antonio Tejero; el general de división Alfonso Armada y Comyn; y el teniente general Jaime Milans del Bosch. Armada y Milans fallecieron sin dejar escritos reveladores sobre los secretos del complot. Por su parte, el rey emérito Juan Carlos I, consultado una década atrás acerca de los pormenores que nunca salieron a la luz, respondió de manera escueta: “Ya se sabe todo y lo que no se sabe se lo inventan”.

Durante el juicio oral, el propio Tejero admitió su desconcierto respecto de la matriz última del asalto al declarar en el estrado: “Lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 23-F, porque yo no lo entiendo”. Las investigaciones padecieron durante años un obstáculo central: toda la logística del alzamiento se orquestó sin dejar papeles ni informes formales.

Para desentrañar el génesis del asalto, el sumario judicial —estudiado meticulosamente durante 26 años por el historiador Roberto Muñoz Bolaños— constituye un documento clave que desmiente diversos postulados bibliográficos contemporáneos.

Por ejemplo, la investigación plasmada en el libro La noche de Tejero, obra de José Oneto publicada ese mismo año, señalaba a Armada y a Milans del Bosch como figuras reticentes al ideario monárquico. Sin embargo, la compulsa de las fojas judiciales evidencia lo contrario y deja en claro que “eran los más monárquicos del Ejército español”.

El terreno para el motín venía siendo arado desde 1977. Un conglomerado integrado por sectores de las élites económicas, políticas y castrenses más conservadoras apostó a diseñar una auténtica “transición paralela”. El mandato era tajante: remover a Adolfo Suárez -el presidente del Gobierno durante la Transición- de la cúspide del poder, hegemonizar la toma de decisiones y encauzar las transformaciones del Estado de forma restrictiva para salvaguardar privilegios corporativos.

Suárez había llegado a la conclusión de que sus políticas de apertura resultaban impostergables para garantizar el ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, premisa que irritaba profundamente a esos sectores.

En esa logia de poder no solo operaban militares de alto rango. El entramado contaba con respaldo del sistema bancario y de actores civiles de peso. Entre ellos figuraba el dirigente Laureano López Rodó, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el régimen franquista, y el periodista Luis María Ansón, incorporado por Armada a la publicación Reconquista en los meses previos para marcar una línea editorial que justificara la insubordinación militar.

El clima de efervescencia en los cuarteles se alimentaba del malestar generado por diversos factores: la aguda crisis económica, las tensiones inherentes al naciente modelo autonómico, la reciente legalización de partidos de izquierda y los atentados terroristas cotidianos perpetrados por los terroristas vascos de ETA y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

El ruido de sables —el rumor golpista— ya se respiraba con naturalidad en las calles. Tejero poseía antecedentes concretos: la denominada Operación Galaxia, planificada en 1978 en una cafetería madrileña junto a facciones ultras. Aquel esquema proponía el secuestro armado del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. El plan se frustró por una delación interna y derivó en una condena de apenas seis meses de prisión para Tejero, dictada en mayo de 1980.

Lejos de amilanarse, las usinas conspirativas retomaron la iniciativa. Según las publicaciones del abogado Eduardo Navarro, asesor del presidente Suárez, el armado final comenzó a tomar forma en julio de 1980. En un restaurante madrileño se celebró un almuerzo entre Tejero, el abogado Juan García Carrés y el teniente coronel Pedro Mas Oliver, mano derecha de Milans del Bosch. Gracias a la mediación de Mas Oliver, el vínculo entre Tejero y el generalato se afirmó.

El 10 de enero de 1981, en Valencia, Milans y Armada mantuvieron un cónclave decisivo. Finalmente, el 18 de enero rubricaron el pacto definitivo: ocupar el Palacio de las Cortes para imponer por la fuerza un gabinete extraordinario bajo la proclama del combate irrestricto al terrorismo. A fines de ese mismo mes, un desgastado Adolfo Suárez formalizó su renuncia a la presidencia.

En febrero, las fechas y las conspiraciones se aceleraron. El día 3, Alfonso Armada notificó confidencialmente a Milans del Bosch que el rey Juan Carlos tenía previsto proponerlo formalmente como candidato, lo que lo conduciría a la presidencia del Ejecutivo. Sin embargo, el 12 de febrero el Rey designó a Calvo Sotelo como presidente del Gobierno.

Ese giro pulverizó la posibilidad de investir a Armada mediante una moción de censura convencional contra Suárez y destrabó la opción abiertamente violenta.

El 16 de febrero, Tejero contactó a la capitanía valenciana advirtiendo que la vía legal para la llegada de Armada al poder se diluía y solicitó autorización operativa para apoderarse del Parlamento. Aunque inicialmente Milans exigió subordinación a las directrices de Armada, la presión constante de Tejero terminó imponiéndose. Decidieron entonces servirse de su ímpetu para catapultar a Armada al poder a través del caos.

Existen diversas tesis sobre la arquitectura operativa que articulaba a los conjurados. Documentos desclasificados posteriormente por el Ministerio del Interior sostienen que el 23 de febrero habría funcionado, en realidad, como un instrumento para frenar un levantamiento mucho más cruento conocido como “el golpe de los coroneles”. Ese proyecto contemplaba detenciones masivas, la suspensión inmediata de todos los partidos políticos y una interpelación directa al Rey para que aceptara el nuevo orden o marchara al exilio.

Bajo esta teoría, la temeridad de Tejero habría sido utilizada de forma instrumental. Desde la óptica de los servicios de inteligencia de la época, la logística exhibió una marcada precariedad, emulando de manera rudimentaria el formato empleado por los franceses durante la toma de la Asamblea Nacional de París en 1958, en plena guerra de Argelia. “Tejero fue una pseudoimprovisación”, sintetizó con crudeza un agente de inteligencia que estaba activo durante aquella jornada.

La meta subyacente del atropello institucional consistía en lograr la investidura de Armada. Tejero debía asegurar la captura del hemiciclo. En la denominada hora H+2, fijada a las 20:20, Armada debía presentarse en el Congreso como garante del orden. El plan consistía en forzar a los políticos retenidos a investirlo como nuevo mandatario.

El organigrama del gobierno de concentración establecía -según Muñoz Bolaños- a Alfonso Armada como presidente, secundado por el líder socialista Felipe González como vicepresidente político y por José María López de Letona como vicepresidente económico. La hoja de ruta contemplaba dos años de gestión ininterrumpida. Sus prioridades serían combatir el terrorismo, frenar el desarrollo autonómico y reformular la Constitución.

Por su composición mixta y predominantemente civil, el alzamiento no preveía fusilamientos. El horizonte de sus promotores era político e institucional: un baño de sangre habría provocado un severo boicot internacional que habría frustrado la inserción continental de España. Aun así, el resultado inevitable habría significado desandar el arduo camino de supremacía civil alcanzado durante la Transición democrática.

Mientras el Parlamento madrileño permanecía secuestrado, a cientos de kilómetros se activaba el segundo brazo militar del plan: la Operación Turia. Bajo las órdenes del teniente general Jaime Milans del Bosch, Valencia fue sometida a ocupación total. Se decretó el estado de excepción y unos 2.000 hombres fueron desplegados en las calles, respaldados por un convoy de 50 carros de combate.

Milans intentó obtener adhesiones del resto de las capitanías generales, pero su convocatoria fracasó. La mayoría de los mandos decidió esperar el desarrollo de los acontecimientos, mientras autoridades como el general Guillermo Quintana, responsable de Madrid, bloquearon cualquier salida de blindados en la zona central del país.

En Sevilla, el apoyo del capitán general Pedro Merry Gordon resultó inexistente por razones personales: se encontraba en tal estado de embriaguez que ni siquiera logró atender el llamado del Rey. Entre las jerarquías militares llegó a ser apodado el “capitán ginebra”.

La actitud del monarca (hoy Emérito) Juan Carlos I concentró horas de máxima incertidumbre. Consta la emisión de un télex real encriptado dirigido a Milans del Bosch cuyo texto señalaba: “Después de este mensaje no puedo volverme atrás”. Las interpretaciones divergen.

Para algunos especialistas, Armada actuó a espaldas del Palacio de la Zarzuela. Un antiguo director de espionaje sostuvo que “Armada cometió una falta que cometen cuantos han servido a los reyes” y que “una cosa es ser sus ojos y otra ser sus labios”. Otros analistas descartan cualquier aval del Rey. El escritor Javier Cercas, autor del libro Anatomía de un instante sobre el 23F afirma: “Con toda rotundidad, si él hubiera estado detrás, el golpe sale. No sabía nada de la trama de la toma del Congreso”.

Las crónicas indican que, lejos de ser cómplice, el rey bloqueó telefónicamente cualquier movimiento militar fuera de Valencia durante toda la tarde y buscó disuadir a Tejero mediante emisarios directos como José Luis Aramburu Topete, que estaba al frente de la Guardia Civil y Sabino y Fernández Campo, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.

La tensión alcanzó su punto máximo cerca de la medianoche. Alrededor de las 23:30, la facción de Armada intentó ingresar al Congreso para consumar la investidura. El error estratégico fue revelar a Tejero que el gabinete incluiría ministros socialistas y comunistas. El guardia civil montó en cólera y bloqueó completamente su acceso.

Entre las 23:00 y las 04:00 el peligro de una masacre sobre la dirigencia política alcanzó niveles extremos. Al mismo tiempo, la transmisión en directo del audio ambiente captado por los equipos televisivos resultó devastadora para las aspiraciones de Armada, al exponer ante la comunidad internacional la violencia ejercida dentro del recinto y destruir cualquier relato pacificador.

Sobre ese frágil hilo de fracaso, la inteligencia estadounidense elaboró un informe en el que señalaba que el motín “estuvo mucho más cerca de prosperar de lo que el gobierno quiere admitir”. Recién a la 01:00 del 24 de febrero el rey Juan Carlos apareció en la televisión estatal para repudiar la sublevación y respaldar el orden constitucional. Tras ese pronunciamiento, las unidades militares valencianas iniciaron la retirada y las fuerzas de la Guardia Civil terminaron por deponer las armas en el Congreso.

La trama concluyó con una participación civil mínima en el terreno conspirativo, estimada en no más de cinco personas, a quienes fuentes policiales definieron con sorna como unos irresponsables.

El Tribunal Supremo impuso condenas iniciales de 30 años de prisión tanto para Milans del Bosch como para Antonio Tejero. Sin embargo, tras sucesivas apelaciones, las penas se redujeron: nueve años y medio de presidio para el primero y quince años de encierro efectivo para el uniformado del tricornio que hace 45 encabezó el último intento de golpe de Estado en España.