La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, utilizo su red social X para rechazar las acusaciones sobre supuestas irregularidades en adopciones de niños indígenas, en respuesta a los señalamientos difundidos en su contra. En un mensaje dirigido tanto al secretario general de las Naciones Unidas como a la prensa nacional e internacional, calificó los señalamientos como “falsos y políticamente instrumentalizados”, remarcando que carecen de sustento probatorio y que sus efectos vulneran y distorsionan los derechos humanos.
El pronunciamiento de Porras subrayó el marco de obligaciones que regulan los procedimientos especiales de la ONU, amparados en el Código de Conducta emitido por el Consejo de Derechos Humanos. Recordó que, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución 5/2, “los titulares de mandato deberán observar los más altos estándares de eficiencia, competencia e integridad”.
Añadió que el artículo 6 establece que “los titulares de mandato deberán asegurarse de que toda la información en que se basen sea fidedigna y confiable, y de haber evaluado debidamente su fiabilidad”. Señaló que estas disposiciones garantizan la seriedad de los mandatos internacionales y previenen la difusión de afirmaciones no verificadas.
Como respuesta a los dichos de la relatora, la fiscal general anticipó que iniciará actuaciones ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas para que estas declaraciones sean revisadas, aclaradas y corregidas.
Enfatizó que sugestión se ha basado y seguirá guiándose por la Constitución y la ley, y concluyó que la defensa de la honra y la reputación por vías legales constituye un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho.
Un llamado a investigaciones independientes y reparación
La ONU destaca la necesidad de abrir investigaciones independientes sobre quienes ocuparon cargos decisorios en estos procesos. Entre los señalados figura María Consuelo Porras Argueta, ex directora del hogar Elisa Martínez y actual fiscal general de Guatemala, que ostentó la tutela legal de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
Según los expertos, quienes tengan en su contra acusaciones creíbles por acciones contrarias a los derechos humanos, especialmente en roles de autoridad, deben ser apartados de cualquier proceso de preselección o nombramiento público mientras se esclarecen los hechos.
De acuerdo con la comunicación oficial de los expertos de la ONU, los procesos de adopción bajo sospecha habrían involucrado delitos graves: fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos, coacción o ausencia de consentimiento de los padres biológicos, así como beneficios económicos irregulares para quienes participaron como intermediarios.
Las madres y familias afectadas, hasta el momento, carecen de reconocimiento público y de procesos de reparación adecuados que respondan a la magnitud del daño.
Las voces del organismo internacional advierten que no solo está en juego la responsabilidad penal de individuos, sino la urgencia de garantizar los derechos de las víctimas: “Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones.”
Contexto histórico de desapariciones
Durante el periodo señalado, el Hogar Temporal Elisa Martínez operó como una institución destinada a albergar menores, muchos de los cuales, según los expertos de las Naciones Unidas, fueron separados de sus familias mediante mecanismos ilícitos.
Los hechos denunciados en Guatemala se enmarcan en un contexto de desapariciones forzadas y violencia sistemática sobre la población indígena, uno de los capítulos más dolorosos para la memoria histórica del país.
La alerta internacional recuerda que, más allá del tiempo transcurrido desde los hechos, las obligaciones internacionales de verdad, justicia y reparación permanecen vigentes. El pronunciamiento de la ONU sostiene que la falta de esclarecimiento judicial y el beneficio económico de intermediarios configuran una deuda pendiente con las víctimas, sus familias y la sociedad guatemalteca en su conjunto.
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