El cierre de cárceles y la transformación de antiguos espacios penitenciarios en centros educativos han modificado de manera visible el sistema de justicia penal en California durante los últimos siete años.
Los reclusos de la prisión que albergaba a los condenados a muerte ahora pueden observar la Bahía de San Francisco desde aulas donde se preparan para reinsertarse en la sociedad.
El número de personas encarceladas ha descendido de forma drástica, lo que permitió destinar mayores recursos a programas de rehabilitación.
Esta estrategia representa una ruptura con las políticas previas centradas en el castigo y el encarcelamiento masivo.
La reducción de la población penitenciaria en California ha permitido redirigir fondos hacia programas educativos y de reintegración, según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.
Este cambio de enfoque ha generado un debate sobre si el sistema debe priorizar la rehabilitación o retornar a políticas más punitivas.
Debate sobre el futuro de la justicia penal en California
El futuro de estas reformas quedó en el centro del debate durante una mesa redonda organizada por CalMatters, medio especializado en asuntos públicos de California.
Allí, figuras clave del sistema analizaron si el próximo gobernador mantendrá el énfasis de Gavin Newsom en la rehabilitación de personas presas o adoptará un rumbo diferente.
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman; la abogada Heidi Rummel, del Proyecto de Justicia Post-Condenatoria; y el veterano penitenciario Dave Lewis compartieron perspectivas diversas sobre el equilibrio entre justicia para las víctimas y oportunidades para quienes cumplen condena.
Durante el encuentro, se planteó la pregunta central: ¿debería el sistema continuar apostando por la rehabilitación o regresar a políticas más punitivas? Aunque las respuestas difieren, todos coincidieron en la necesidad de replantear el sentido de la reclusión.
Voces a favor de la esperanza y la reinserción
Heidi Rummel, quien ha representado a personas privadas de libertad ante juntas de libertad condicional, defendió la importancia de ofrecer incentivos para la rehabilitación.
Según sus palabras, “el poder de la esperanza realmente puede mover montañas” en la vida de quienes buscan salir adelante tras una condena.
Rummel sostuvo que muchas personas permanecen en prisión debido a regímenes de sentencias impuestos en los años ochenta, y calificó esos sistemas como “honestamente racistas”, al señalar que varios condenados podrían ser liberados sin representar un peligro.
La abogada sostuvo que políticas que incentiven la superación personal dentro de las cárceles pueden reducir la reincidencia y contribuir a la reconstrucción comunitaria.
Justicia para las víctimas y segundas oportunidades
En contraste, Nathan Hochman, elegido fiscal tras vencer al anterior titular progresista, afirmó que los votantes buscaron penas más severas por preocupaciones surgidas tras la pandemia de COVID-19.
No obstante, matizó que la justicia para las víctimas no depende únicamente de largas condenas.
Hochman relató su experiencia al visitar la prisión de San Quintín tras la suspensión de la pena de muerte y el cierre del corredor destinado a ella.
Allí observó a internos que, según él, se tomaron en serio la rehabilitación y reconocieron el daño causado.
El fiscal admitió: “Esperaba salir y pensar que deberíamos tirar la llave y no darle a nadie una segunda oportunidad”, pero su impresión cambió al comprobar que incluso quienes cometieron delitos graves pueden aportar algo valioso mientras cumplen su condena.
Rediseñar las prisiones para evitar el ciclo de reincidencia
Dave Lewis, quien participó en la concepción del nuevo centro educativo de San Quintín, defendió la transformación de los entornos penitenciarios.
Su intención fue alejarse de los espacios tradicionales, marcados por muros y campos de tierra, para generar ambientes que favorezcan el desarrollo personal.
Lewis remarcó que existe una percepción extendida de que “los delincuentes no tienen nada que merecer”. Frente a esa idea, planteó la pregunta: “¿Qué merece su comunidad? ¿Qué merece la comunidad a la que regresan?”
El experto opinó que si las personas privadas de libertad regresan a la sociedad sin oportunidades, el problema de la reincidencia persiste.
Brindar acceso a programas educativos y de inserción social puede reducir el número de víctimas futuras y ayudar a reconstruir el tejido social.
Un sistema en transición
El sistema de justicia penal de California atraviesa una etapa de redefinición.
La disminución de la población carcelaria y la inversión en rehabilitación han abierto un debate sobre cuál debe ser el objetivo final de las prisiones: el castigo o la preparación para una vida después de la condena.
Las opiniones recogidas en el panel de CalMatters muestran que, aunque existen posturas distintas, la tendencia hacia la rehabilitación y el apoyo a la reinserción social ha ganado terreno en la última década.
La decisión sobre si esta línea se mantendrá o cambiará quedará en manos del próximo gobernador y de la voluntad política para sostener un enfoque orientado a la transformación social.
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