La Diócesis de Camden acordó pagarUSD 180 millones para establecer un fondo destinado a reparar a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, una resolución largamente esperada por quienes denunciaron estos hechos. El avance, comunicado por el obispo Joseph A. Williams en una carta formal, unifica los esfuerzos institucionales de la Iglesia Católica de Estados Unidos para reconocer y compensar a las víctimas, en medio de una crisis que ha minado la credibilidad eclesiástica.
La creación del fideicomiso, financiado tanto por la propia Diócesis de Camden como por sus aseguradoras, todavía depende de la aprobación judicial del tribunal de bancarrotas. El monto —que duplica el previamente pactado en 2022— responde al persistente escrutinio sobre la actuación de las autoridades eclesiásticas estadounidenses frente a cientos de denuncias de hechos ocurridos en la década de 1970 y 1980.
En los registros eclesiásticos de los últimos 70 años persiste una estela de denuncias: entre 1950 y 2016, la Iglesia Católica en Estados Unidos habría recibido 18.500 acusaciones contra 6.700 miembros del clero, según datos de bishop-accountability.org, organización independiente de seguimiento de casos de abuso eclesiástico. Los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey interpretaron el anuncio como el primer paso concreto hacia la reparación y el reconocimiento institucional, resaltó el obispo Williams en su misiva.
El religioso agradeció la valentía de quienes denunciaron: “A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”, expresó Williams, haciendo explícita la postura institucional ante la magnitud de los episodios revelados.
El alcance del acuerdo y la crisis nacional
La crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica estadounidense involucra prácticamente todas las diócesis del país. En el caso de Camden, el fideicomiso de USD 180 millones beneficiará a más de 300 víctimas, cuyas denuncias se concentran en la década de 1970 y 1980, principalmente contra sacerdotes y personal vinculado a la diócesis.
Desde comienzos de siglo, las altas jerarquías eclesiásticas han debido afrontar numerosos señalamientos por encubrimientos sistemáticos de abusos. Como consecuencia, varios obispos y responsables diocesanos renunciaron tras proteger de manera deliberada a agresores sexuales, un patrón recurrente en diversas regiones, según informes judiciales y eclesiásticos.
El caso de la Diócesis de Camden refleja tanto la magnitud económica de los acuerdos como la dificultad de poner fin a un periodo prolongado de impunidad. En 2022, la diócesis alcanzó un primer acuerdo por USD 87,5 millones, lo que llevó a posteriores rondas de negociación y revisión judicial. La nueva suma prácticamente duplica la anterior, señal del incremento de demandas y la presión ejercida por los sobrevivientes para obtener una reparación justa, informa Diario de las Américas, medio internacional en español.
Cifras nacionales y dimensión del abuso infantil
El impacto de estos crímenes es abrumador en lo social y estadístico. Se estima que, cada año, más de 55 mil menores de 18 años sufren abusos sexuales en Estados Unidos, contexto que ayuda a comprender la persistencia e intensidad del drama eclesiástico, según las cifras citadas por Diario de las Américas.
Las demandas civiles y penales planteadas en los ámbitos estatal y federal han estado acompañadas de informes independientes que confirman patrones de encubrimiento y omisión en las autoridades católicas estadounidenses. Esto motivó la creación de sistemas de reparación económica como los implementados en Camden, además de nuevas políticas de prevención y control.
Las cifras históricas evidencian la naturaleza sistémica de los abusos. Además de reconocerse 18.500 acusaciones entre 1950 y 2016, los registros confirman que al menos 6.700 sacerdotes o trabajadores laicos se vieron implicados en estas conductas, generando una crisis reputacional tanto dentro como fuera de la Iglesia.
Consecuencias legales e institucionales
El acuerdo de bancarrota propuesto para la Diócesis de Camden es producto de la presión conjunta de tribunales, sobrevivientes y comités legales especializados en abusos sexuales eclesiásticos. Hasta ahora, el fideicomiso de USD 180 millones sigue pendiente de la aprobación del tribunal de bancarrotas antes de poder distribuir compensaciones.
La carta del obispo Joseph A. Williams recalcó que no es posible revertir el daño sufrido, pero reafirmó el compromiso de la institución de reconocer el dolor, asumir responsabilidades y transformar los mecanismos de prevención. “Lamento profundamente lo que han sufrido. Fue un pecado grave y una traición a la confianza que depositaron en la Iglesia que amaban”, manifestó Williams.
El obispo insistió en que los actuales responsables buscan un nuevo camino de acompañamiento y transparencia. “No puedo borrar las cicatrices que llevan ni devolverles la inocencia que perdieron, pero, en nombre de mis predecesores y de los fieles de Camden, puedo decir con claridad y sin reservas: Les creemos, lo lamentamos y estamos comprometidos a recorrer un camino distinto de ahora en adelante con ustedes y, si Dios quiere, con él a nuestro lado”, escribió Williams a los feligreses.
Perspectivas de resolución y vigilancia futura
Mientras el acuerdo espera la validación judicial, el episodio de Camden podría convertirse en referencia para otras diócesis estadounidenses enfrentadas a litigios similares. El procedimiento de bancarrota y los fideicomisos han representado las herramientas principales para responder a la magnitud de las demandas y la crisis institucional.
La evolución de la crisis de abusos sexuales ha marcado a la Iglesia Católica de Estados Unidos, que desde hace más de dos décadas está bajo vigilancia pública permanente y enfrenta profundas reformas internas. Los sobrevivientes y sus representantes legales destacan que la reparación económica es solo una de las medidas necesarias, mientras insisten en impulsar garantías de no repetición y acciones concretas en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país.
Las consecuencias locales y nacionales de la resolución adoptada por la Diócesis de Camden refuerzan el debate sobre mecanismos de justicia, asistencia sanitaria y reparación psicológica, lo que convierte la cuantía de la indemnización en parte de las medidas urgentes para frenar el ciclo de abusos.
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