En un movimiento que ha generado un intenso debate, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de leyes de inmigración que, según sus defensores, son las más estrictas del país. Las medidas buscan fortalecer la aplicación de la ley migratoria a nivel estatal y local, alineándose con la promesa de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.
Endurecimiento de las penas para inmigrantes sin autorización
Las nuevas leyes incrementan las penas para los inmigrantes que cometan delitos en el estado de Florida sin contar con autorización legal para permanecer en Estados Unidos. Entre los cambios más significativos, se establece la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación infantil.
Esta medida ha provocado una fuerte reacción de parte de sectores políticos y defensores de derechos civiles, quienes argumentan que contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos. Algunos legisladores republicanos también expresaron reservas sobre la constitucionalidad de la medida.
Creación de un nuevo delito de ingreso ilegal a Florida
Las leyes también introducen un nuevo delito estatal: el de ingresar a Florida tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Esta disposición afecta a los inmigrantes mayores de 18 años que, después de haber evitado inspecciones oficiales en la frontera, se desplacen hasta el estado.
El propósito de esta norma es proporcionar a las autoridades estatales mayores herramientas legales para procesar a quienes ingresen al territorio de Florida sin autorización. Sin embargo, críticos han señalado que esta política podría llevar a la persecución de inmigrantes que llevan años viviendo en el país sin antecedentes criminales.
Eliminación de la matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal
Otra de las medidas revoca una ley de 2014 que permitía a estudiantes inmigrantes en situación irregular acceder a la matrícula estatal en universidades públicas, lo que les permitía pagar tarifas más bajas que las aplicadas a estudiantes de otros estados.
El gobernador Rick Scott firmó la ley en su momento con el argumento de que beneficiaría a jóvenes que habían crecido en Florida. Sin embargo, con la nueva legislación, estos estudiantes deberán pagar las tarifas más elevadas de matrícula, lo que podría dificultar el acceso a la educación superior para muchos de ellos.
Creación de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración
Para coordinar la implementación de las nuevas medidas, se estableció la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, compuesta por el gobernador, el fiscal general, el jefe financiero del estado y el comisionado de agricultura.
El organismo estará a cargo de coordinar esfuerzos con las agencias federales de inmigración y distribuir $250 millones en subvenciones a agencias locales de aplicación de la ley. Como director de la junta, fue designado Larry Keefe, exfiscal federal y arquitecto de la polémica operación de 2022 que transportó a 50 migrantes desde Texas a Martha’s Vineyard en Massachusetts.
Reforma y expansión del programa de transporte de migrantes
El programa estatal de transporte de migrantes, que se lanzó en 2022 con un presupuesto de $12 millones, fue reformado y ampliado con una inversión de $298 millones.
Inicialmente, DeSantis propuso otorgarle a las autoridades estatales el poder de deportar inmigrantes fuera del país. Sin embargo, la versión final de la ley eliminó esa disposición y dejó en claro que Florida solo podrá trasladar inmigrantes fuera del estado si las autoridades federales lo solicitan y financian el proceso.
Ampliación de la cooperación entre agencias estatales y federales
Las nuevas medidas también refuerzan la cooperación entre la Patrulla de Carreteras de Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se otorgó a los oficiales estatales la autoridad para interrogar, arrestar y detener inmigrantes, así como para llevar a cabo operativos de control en carreteras y otras áreas públicas.
El gobernador DeSantis ha defendido estas medidas como una respuesta a lo que considera una crisis migratoria no atendida por el gobierno federal. En una reunión con el gabinete estatal, declaró: “La última vez fue Martha’s Vineyard. Esta vez, tal vez Guantánamo Bay, Cuba”.
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