La gobernadora de Nueva York se está preparando para enviar a la Guardia Nacional tras tres días de huelga que cierto sector de funcionarios penitenciarios han ejercido en 25 de las 42 prisiones que existen en el estado, según informó CBS News.
En un comunicado emitido el martes, la gobernadora Kathy Hochul expresó su preocupación por las consecuencias de esta protesta, calificándola como una acción ilegal que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores penitenciarios, las personas encarceladas y las comunidades cercanas a las prisiones. Hochul señaló que su administración ya ha iniciado conversaciones con los líderes sindicales para buscar una solución, pero también dejó claro que está preparada para movilizar a la Guardia Nacional si no se alcanza un acuerdo.
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“Las acciones ilegales e ilícitas que están llevando a cabo varios funcionarios de prisiones deben terminar de inmediato. No permitiremos que estas personas pongan en peligro la seguridad de sus colegas, de las personas encarceladas y de los residentes de las comunidades que rodean nuestras instalaciones penitenciarias”, afirmó Hochul en su declaración.
Además, subrayó que su administración ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de los guardias penitenciarios, incluyendo aumentos salariales y medidas para reforzar la seguridad en las prisiones.
Exigencias de los funcionarios penitenciarios
De acuerdo con CBS News, la huelga afecta a 25 de las 42 prisiones estatales, donde los numerosos empleados han decidido no presentarse a sus turnos. El sindicato que representa a los funcionarios penitenciarios, conocido como NYSCOPBA, ha defendido la protesta argumentando que sus miembros enfrentan condiciones laborales insostenibles.
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Entre las demandas del sindicato se encuentran aumentos salariales, controles de seguridad más estrictos para los visitantes de las prisiones y la revisión de reformas penitenciarias recientes, como las que limitan el uso del aislamiento. Según el sindicato, estas reformas han complicado aún más las condiciones laborales de los guardias, quienes ya enfrentan una carga de trabajo significativa debido a la escasez de personal.
El presidente de NYSCOPBA, Summers, se reunió con representantes del gobierno estatal para discutir posibles soluciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo que permita poner fin a la huelga.
Las medidas que tomará la gobernadora
En su comunicado, Hochul destacó los esfuerzos de su administración estatal para abordar las preocupaciones de los funcionarios penitenciarios y evitar este tipo de situaciones. Según detalló, se han implementado medidas para mejorar los salarios y beneficios, así como para reforzar la seguridad en las prisiones mediante el uso de escáneres corporales y otras herramientas destinadas a reducir el contrabando.
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Además, la gobernadora señaló que su equipo está trabajando en estrategias para mejorar el reclutamiento y aumentar el número de agentes penitenciarios, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo actual. A pesar de estos esfuerzos, Hochul enfatizó que la huelga es una acción ilegal que no puede ser tolerada.
Por su parte, el comisionado del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria (DOCCS), Daniel F. Martuscello III, también se pronunció sobre la situación. En una declaración citada por CBS/AP, Martuscello instó a los huelguistas a regresar a sus puestos de trabajo, argumentando que la protesta está causando un daño significativo a las operaciones del sistema penitenciario y poniendo en peligro la seguridad de todos los involucrados.
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“La seguridad del personal y de la población encarcelada es primordial para mí. Valoro el trabajo duro y el compromiso de los hombres y mujeres del DOCCS que han tenido que sacrificar tiempo con sus familias debido a la escasez actual de personal. Sin embargo, esta huelga ilegal que involucra a miembros de NYSCOPBA está causando un daño irreparable a las operaciones del departamento y poniendo en peligro la seguridad de sus compañeros de trabajo dentro de estas instalaciones”, afirmó Martuscello.
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