
La nueva ordenanza aprobada por la Comisión de la Ciudad de Miami Beach permite el arresto de individuos sin techo que duerman en lugares públicos y se nieguen a alojarse en un refugio. La legislación, que entrará en vigor en los próximos 10 días, elimina la necesidad de que las autoridades avisen antes de proceder con la detención, según informa The Miami Herald.
Esta medida ha sido respaldada por el alcalde Dan Gelber y los Comisionados Alex Fernández, Kristen Rosen González y Steven Meiner. Aseguran que los arrestos solo se llevarán a cabo si hay camas disponibles en los refugios.
Rosen González enfatizó que el objetivo es encontrar una solución para una población que vive según sus propias reglas y desatiende las leyes locales, de acuerdo con el mismo medio.

En contraposición, los Comisionados Ricky Arriola, David Richardson y Laura Domínguez votaron en contra. Arriola argumentó al Miami Herald que la ciudad debería estar buscando soluciones para incrementar la oferta de viviendas asequibles, en lugar de criminalizar la falta de vivienda.
Miami Beach ha enfrentado desafíos para añadir unidades de alojamiento asequibles en la última década, mientras que los costos de la vivienda han aumentado significativamente. La situación para las personas sin hogar en la ciudad podría tornarse más difícil en los próximos días, independientemente de las intenciones detrás de esta nueva ordenanza.
La ciudad ha asignado USD 7.6 millones en su presupuesto para servicios y aplicación de la ley relacionados con la falta de vivienda. Además, está invirtiendo USD 2 millones para financiar 45 unidades de vivienda permanente y 10 camas de refugio para la población sin hogar de Miami Beach en ubicaciones fuera de la ciudad.
Según testimonios recogidos por Local 10, Tracy Slavens, miembro de la junta directiva del refugio Lotus House, expresó su oposición a la ordenanza propuesta, argumentando que esta medida podría tener un impacto negativo en las personas sin hogar.
Slavens señaló que la ordenanza podría crear antecedentes penales que dificultarían a las personas sin hogar encontrar empleo o alquilar un apartamento. Además, Rachel Prestipino, vicepresidenta de política y participación comunitaria de Catalyst Miami, calificó la ordenanza como una criminalización de la falta de vivienda.
A pesar de la aprobación de la ordenanza, se ha planteado la preocupación de que esto podría abrir la puerta a litigios futuros. La ordenanza entrará en vigor en diez días después de ser aprobada por un voto de 4 a 3 en la comisión de la ciudad.
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