Donald David Dillbeck tuvo una infancia conflictuada y cometió atrocidades. En 1990, cuando solo tenía 11 años, asesinó a puñaladas a una mujer a la que le robó su automóvil en un estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Tallahassee, capital de la Florida.
Para ese entonces, ya se había escapado de una prisión en la que cumplía cadena perpetua por asesinar a tiros a un oficial de la policía. Tras intentar escapar después de su segundo asesinato, Dillbeck fue detenido por la policía y llevado nuevamente tras las rejas.
Por el homicidio de 1990, en el año 1994 -a los 15 años de edad- fue condenado a pena de muerte. En aquel entonces bastaba con que la mayor parte del jurado votara a favor de la pena de muerte para que se diera una condena, por lo que alcanzó con que ocho de los 12 jurados decidieran que moriría por una inyección letal. La ley cambió a nivel federal y en todos los estados se exige que las penas de muerte sean por unanimidad.
Desde 1994 vive en un llamado “corredor de la muerte” (los pabellones de las cárceles reservados para quienes esperan la pena capital). Como suele ocurrir en estos casos, hubo varias apelaciones de por medio, que Dillbeck perdió. La última fue la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Florida rechazó suspender la ejecución.
Dillbeck estuvo en diversos centros de adopción entre los 4 y los 11 años. Según su defensa, desde los 13 consume drogas y tiene problemas neurológicos porque su madre consumió alcohol en exceso durante el embarazo.
Ahora todo está listo para que el jueves Dillbeck reciba su inyección letal y se convierta así en el ejecutado número 100 en la Florida, desde que se reestableciera la pena capital en el estado en 1976. Solamente una apelación a nivel federal de última hora podría salvarle la vida a este reo.
Pero si mañana se lleva a cabo su ejecución, sería la primera en efectuarse en Florida desde 2019 ya que durante la pandemia del COVID-19 se paralizaron las ejecuciones.
La exigencia de unanimidad en el jurado para que haya una condena a pena capital es algo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha pedido revisar después de que el confeso asesino de la escuela secundaria Parkland, Nikolas Cruz, recibiera una pena a cadena perpetua porque no todos los jurados se pusieron de acuerdo en la pena de muerte.
Hay varios proyectos al respecto en ambas cámaras del Congreso de Florida, pero incluso grupos muy conservadores como la Conferencia de Obispos Católicos se oponen al cambio. La Conferencia también pidió que se frene la ejecución de Dillbeck mañana. Actualmente hay 299 presos en los corredores de la muerte de la Florida.
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