Barcelona, 5 nov (EFE).- Un juez de Barcelona ha rechazado el recurso del consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, y se mantiene en su decisión de enviarlo a juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a falsos autónomos pese a las resoluciones judiciales que lo instaban a contratarlos.
En su auto, aún recurrible ante la Audiencia de Barcelona y al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 descarta acordar la nulidad de la causa, como solicitaba Pierre, y le recuerda que será el tribunal que lo juzgue el que deberá examinar las "alegaciones exculpatorias o relativas a la falta de acreditación" que su defensa alega.
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De esa forma, el magistrado confirma la resolución que daba por cerrada la instrucción de la causa y proponía enviar a juicio a Óscar Pierre, ante los indicios de que el empresario utilizó a trabajadores a los que exigía su alta en el régimen por cuenta propia de la Seguridad Social, en una "relación en apariencia mercantil" que le permitía reducir sus costes empresariales.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por trabajadores de Glovo representados por la CGT y por el Observatorio Trabajo Algorítmico y Sociedad se opusieron al recurso presentado por la defensa de Pierre, ante los indicios de que el empresario siguió empleando a falsos autónomos desoyendo los requerimientos de Inspección de Trabajo y las sentencia de lo social.
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La Fiscalía se remite en su escrito al resultado de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción, en la misma línea que el abogado de la CGT Raúl Maíllo, que recuerda los indicios que fundamentan la decisión del juez: el modelo de prestación de servicios de Glovo, las sentencias firmes que declararon la relación laboral con los repartidores, los requerimientos de la Inspección de Trabajo y la respuesta de la empresa a los mismos.
De hecho, el juez esgrimía en su auto una sentencia del Supremo de septiembre de 2020 que afirmaba la "naturaleza laboral" entre Glovo y sus trabajadores, conclusión a la que han llegado otros juzgados en fallos que han devenido firmes pese a los recursos de la empresa de reparto.
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A pesar de ello, considera el instructor, Glovo continuó "manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores", quienes estaban obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa.
Para el magistrado, ello constituye "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social".
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Pierre fue citado a declarar como investigado en el juzgado en diciembre de 2024 y, el día antes de su comparecencia, anunció que cambiaba el modelo de contratación y que emplearía a los repartidores, con el fin de garantizar la "paz social" en la empresa, pese a mantener que el anterior sistema también era legal. EFE
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