Madrid, 5 nov (EFE).- La CEOE considera que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, supone "una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales", por lo que pide al Gobierno "lealtad institucional".
En un comunicado remitido este jueves, CEOE y Cepyme consideran que "lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, sea del color político que sea", y adoptarla antes de que finalice 2026, lo que permitiría contar con indicadores económicos más precisos.
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Por tanto, reclaman "actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor una información técnica".
La patronal dice estar comprometida con la mejora de los salarios, pero rechaza "su utilización política", y reclama que cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias.
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"Por ello, emplazamos al Gobierno que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre", añade.
En la nota, CEOE y Cepyme han criticado las formas con las que el Gobierno ha llevado a cabo la consulta a los agentes sociales del citado incremento.
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"El Ministerio de Trabajo convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios de comunicación, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo", lamentan en el comunicado.
Y añaden que, "posteriormente, sin articular ninguna propuesta en esta reunión, el Ministerio ha procedido, en la noche de este miércoles, a fijar una subida del 5,3 %, que también hemos conocido por la prensa".
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A su juicio, la mejora de las rentas más bajas debe ser compatible con la creación y mantenimiento del empleo, la competitividad y la productividad de las empresas.
Asimismo, advierte de que se trata de una decisión que afecta especialmente a las pymes, sectores intensivos en mano de obra y a las familias que necesitan contratar servicios de cuidados.
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Y reclaman la actualización de los contratos públicos para permitir que las empresas adjudicatarias puedan repercutir esos mayores costes laborales. EFE
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