Valladolid, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a catorce personas y ha desarticulado así una red asentada en la provincia de Valladolid dedicada a la venta de empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, han informado este viernes fuentes policiales.
La investigación de la denominada Operación Tarjeta ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y ha permitido descubrir un entramado que facilitaba la obtención de registros padronales falsos utilizados después en trámites de extranjería y para el acceso a distintos servicios públicos.
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La investigación se inició el pasado abril tras la denuncia presentada por un vecino de una localidad vallisoletana, quien había detectado que numerosas personas desconocidas figuraban empadronadas en su vivienda.
Posteriormente, y una vez abiertas las diligencias policiales, se registró una segunda denuncia, aparentemente sin relación con la anterior, presentada por una mujer residente en Valladolid que había comprobado que varias personas desconocidas estaban igualmente empadronadas en su domicilio.
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Las pesquisas de los investigadores permitieron vincular ambos hechos al constatar que tras los empadronamientos fraudulentos realizados en ambos inmuebles se encontraban los mismos responsables.
La investigación reveló que el grupo criminal utilizaba viviendas pertenecientes a personas de su entorno para consumar el fraude.
Aprovechando la confianza o mediante engaño, obtenían copias de los documentos nacionales de identidad de los propietarios de los inmuebles.
Posteriormente, presentaban esta documentación ante distintas oficinas del Padrón Municipal junto con contratos de arrendamiento falsificados y autorizaciones de empadronamiento igualmente falsas, que incluían firmas que los legítimos propietarios no reconocieron como propias.
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Con el objetivo de garantizar el éxito de la maniobra fraudulenta y evitar posibles comprobaciones administrativas, los integrantes de la red incorporaban en la documentación falsificada números de teléfono propios en lugar de los correspondientes a los propietarios de las viviendas.
De esta forma, si los funcionarios municipales realizaban verificaciones telefónicas, los investigados podían hacerse pasar por los titulares de los inmuebles y mostrar una aparente conformidad con los empadronamientos solicitados.
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Las investigaciones determinaron que los principales responsables de la organización, dos mujeres y un hombre, percibían cantidades que oscilaban entre los 100 y los 300 euros por cada empadronamiento individual gestionado, incrementándose notablemente los beneficios cuando el trámite afectaba a familias completas.
La operación ha concluido con la detención de los tres presuntos cabecillas de la organización por delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.
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Además, otras once personas han sido detenidas como supuestas autoras de delitos de falsedad documental. EFE
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