Barcelona, 6 oct (EFE).- La Fiscalía pide cinco años de cárcel e inhabilitación al propietario y arrendador de un piso acusado de falsificar de su puño y letra un acuerdo con su inquilina con el objetivo de echarla y vender el inmueble en 2021, cuando el documento acabó en un procedimiento para desahuciarla.
El juicio se iba a celebrar este martes en la Audiencia de Barcelona, pero finalmente se ha suspendido porque el abogado de la defensa ha renunciado y no se ha podido sustituir a tiempo para el señalamiento, han detallado a EFE fuentes judiciales, que todavía no tienen nueva fecha para el pleito.
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El ministerio fiscal, que acusa al hombre de ser autor mediato de un delito de estafa procesal y autor directo de un delito de falsedad documental, solicita también una multa de 3.000 euros para el propietario.
Según su escrito de acusación, en una fecha indeterminada entre abril y octubre de 2021 el arrendador redactó de forma manuscrita un documento en el que hacía constar un supuesto pacto entre él y su inquilina en virtud del cual ella se comprometía a abandonar su domicilio a cambio de 17.500 euros.
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Lo hizo tras diversas desavenencias entre ambos como consecuencia de impagos de la arrendataria, que residía en la vivienda desde 2016, ante los que llevaron a cabo varias negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo para finalizar el contrato de alquiler.
Fue entonces cuando el acusado, actuando como intermediario inmobiliario en la posible venta del piso a terceros y sin el concierto de la inquilina, falsificó un pacto según el cual la locataria se comprometía, además de a abandonar el piso, a renunciar al ejercicio de cualquier acción que pudiera corresponderle y a no acceder nuevamente a la vivienda.
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En dicho documento incluyó datos personales de la inquilina como su documento nacional de identidad (DNI) y una firma que le atribuyó a la arrendataria, pese a que ella desconocía dicho documento.
El acuerdo fue usado durante un procedimiento verbal por desahucio y reclamación de rentas contra la locataria interpuesto el 22 de enero de 2021 y tramitado ante el juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona.
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El acusado entregó el documento con la finalidad de que fuese presentado en dicho procedimiento, cuyos implicados desconocían su falsedad, y fue integrado como contestación a la petición de medidas cautelares de realojo instada por la inquilina el 31 de agosto de 2021.
Como consecuencia de la presentación del acuerdo fraudulento, el 27 de octubre de 2021 el tribunal denegó a la arrendataria dicha petición de medidas cautelares, detalla el escrito de la Fiscalía. EFE
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