La Fiscalía de Madrid solicita 30 meses de prisión para el exdirectivo de iDental Luis Sans por presuntamente eludir el pago a la Hacienda Pública de 464.289,26 euros correspondiente al IRPF del ejercicio 2014.
El juicio se celebrará el martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, según ha informado el Ministerio Público. Se da la circunstancia de que Luis Sans fue detenido en octubre de 2018 por orden de la Audiencia Nacional.
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Se le acusó de liderar una trama para ocultar los beneficios de iDental en el extranjero y de intentar montar una estructura similar para repetir la estafa con otra red de clínicas. En mayo de 2023, la Audiencia Nacional condenó a la excúpula de iDental, incluido Luis Sans, a penas de hasta 5 años de prisión y multas millonarias por un delito continuado contra la Seguridad Social.
Respecto al próximo juicio, la Fiscalía sostiene que el acusado no presentó su declaración del IRPF correspondiente a 2014 "con el ánimo de procurarse un beneficio fiscal ilícito", dejando de declarar ingresos por un importe total de 943.393,73 euros.
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Según el escrito de acusación, estos ingresos procedían tanto del desempeño de su actividad profesional como CEO del Grupo Intereconomía como de su condición de administrador de varias sociedades.
En concreto, el Ministerio Público señala que una parte de los ingresos, 386.684,31 euros, fueron canalizados a través de la sociedad Senator Project SL, creada a instancias del acusado y utilizada entre octubre de 2013 y junio de 2014 para canalizar ingresos por publicidad del Grupo Intereconomía.
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De esta cantidad, 306.408,40 euros se habrían obtenido mediante disposiciones en efectivo, 63.052,87 euros mediante tarjetas de crédito y 17.223,04 euros mediante la atribución del uso de tres vehículos.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que a través de Corners de Tu Vida Fácil SL percibió 227.926,20 euros, de los que 151.712,76 y 7.200 euros fueron obtenidos mediante cheques cobrados en efectivo, mientras que el resto correspondió a pagos mediante tarjetas de crédito y al abono de gastos personales, familiares y de personas de su entorno.
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Por último, a través de Mortimer Wada SL, habría obtenido otros 328.783,22 euros, de los cuales 220.639,04 euros procedían de cheques cobrados en efectivo y el resto del pago de gastos personales.
La acusación pública sostiene que las dos últimas sociedades estaban bajo el dominio y control del acusado y que eran utilizadas para canalizar sus ingresos.
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La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y reclama para el acusado una pena de 30 meses de prisión.
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