Fiscalía admite "un error" y rebaja a 2 años y medio la pena para activistas de Greenpeace

València, 23 sep (EFE).- El Ministerio Fiscal ha reducido de cinco a dos años y seis meses su petición de pena de prisión para los once activistas de Greenpeace que participaron en 2021 en una protesta en el puerto de Sagunto (Valencia) contra un buque cargado de gas, una rebaja debida a "un error" en la aplicación de un Código Penal no vigente.

La Fiscalía ha explicado que la petición inicial de cinco años de cárcel se enmarca en la Ley Orgánica 14/2022, que entró en vigor el 12 de enero de 2023 -dos años después de los hechos- y que modificó el delito de desórdenes públicos, creando un nuevo tipo agravado, por lo que ha rectificado y ha pedido una pena de dos años y seis meses, atendiendo a la anterior ley.

El juicio, que se ha celebrado este miércoles en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia número 8 y que se ha alargado más de nueve horas, con dos recesos, ha comenzado sobre las 10:20 horas con la declaración de una decena de testigos, entre ellos seis agentes de la Guardia Civil, representantes de la compañía Marítima del Mediterráneo y de la Planta de Regasificación de Sagunto y dos periodistas.

Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace bloqueó la entrada del buque Merchant, procedente de EE.UU., con 138.000 metros cúbicos de gas licuado, junto a cuatro lanchas neumáticas que pintaron la frase "NO + GAS" en el lateral del casco, mientras que un ecologista se encaramó al ancla del barco para ejercer resistencia, una protesta que provocó que el gasero Merchant accediese 12 horas después al puerto.

La Fiscalía ha admitido que no fue una acción violenta, pero ha argumentado que en el juicio de hoy "ha quedado acreditado" que se cometió un delito de desórdenes públicos y que "se excedió de una mera protesta pacífica", ya que actuaron en un grupo coordinado y que el hecho de haberse realizado en un puerto, que presta servicios esenciales, "ya supone en sí una alteración del orden público".

Los once activistas procesados han defendido que fue una protesta pacífica dentro de su derecho a manifestarse por el medio ambiente y que no tenían intención de causar perjuicio a otros buques o a la navegación marítima, sino que "solo era una medida para llamar la atención de los gobiernos para que hicieran algo por el medio ambiente".

El capitán del barco Esperanza en el momento de los hechos ha negado que esta manifestación reivindicativa fuese planeada, sino que se encontraron con el gasero y decidieron actuar con la intención de "llamar la atención".

Un voluntario español procesado ha señalado que se enteró de lo que iban a hacer "sobre la marcha", estaba conforme y decidió amarrarse al ancla del gasero con un candado de bicicleta -cuya llave dice que perdió- hasta que la Guardia Civil le liberó.

Otro de los encausados ha asegurado que ya había participado en muchas otras protestas de Greenpeace y que la de Sagunto "no se sale de la norma ni del estándar de protesta pacífica que tiene habitualmente la organización".

Los ecologistas, de ocho nacionalidades distintas, algunos de ellos miembros de Greenpeace y otros voluntarios y simpatizantes, han reiterado que colaboraron con las autoridades, y que las interacciones con los agentes de la Guardia Civil fueron "cordiales y respetuosas".

La defensa de Greenpeace ha defendido que no se ha alterado ni quebrantado la paz pública de forma "penalmente relevante", ha recordado que la organización ya afrontó una multa administrativa de 160.000 euros y ha advertido: "Estamos en Europa. La protesta de Sagunto estaba protegida por los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". EFE

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