La declaración conjunta resiste como ayuda familiar pese al impacto en el empleo femenino

María Pachón

Madrid, 4 sep (EFE).- La AIReF, los expertos para la reforma fiscal e incluso el Gobierno coinciden en que la declaración conjunta del IRPF desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral, pero esta modalidad conlleva una reducción del impuesto que ha resistido a los intentos de eliminarla al entenderse como una ayuda fundamental para ciertas familias.

La declaración conjunta es una opción a la que pueden acogerse los contribuyentes que formen parte de una unidad familiar, ya sea con su cónyuge o con sus hijos, de manera que los ingresos de todos los integrantes se incorporan a una única declaración, con derecho a una reducción -de 3.400 euros para matrimonios y 2.150 euros para unidades monoparentales-.

Así, la declaración conjunta para matrimonios solo compensa cuando los ingresos de uno de los cónyuges no superan los 3.400 euros de la reducción, normalmente porque no trabaja, una situación "cada vez más residual", por lo que "cada vez resulta beneficiosa para menos familias", apunta el secretario técnico del REAF-CGE, Rubén Gimeno.

De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, las declaraciones conjuntas de casados han pasado de 4,5 millones en 2004 a 3,5 millones en 2014 y 2,3 millones en 2024. Las monoparentales, en cambio, han subido del medio millón hace veinte años a 0,8 millones en 2024.

Aunque la medida no es, en sí misma, discriminatoria, sí lo son sus efectos, explica la profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León Marta González, ya que "concentrar los ingresos de los cónyuges puede contribuir a reforzar la dependencia económica" del que recibe menor renta, que suele ser la mujer. Entre otras causas, porque asume la mayor parte de los cuidados.

A modo de ejemplo, González pone el supuesto de un matrimonio que acaba de tener un hijo y que, a la hora de volver al trabajo, puede llegar a la conclusión "errónea" de que es más rentable que la mujer no se reincorpore, ya que aunque la familia pierde ese salario, se beneficia de la reducción y ahorra en guardería y otros cuidados.

Los datos de la Agencia Tributaria de 2024, los últimos disponibles, muestran que de las 2,3 millones de declaraciones conjuntas de casados presentadas, la inmensa mayoría (1,99 millones) tenían como declarante principal a un hombre.

Casi un millón de estas declaraciones correspondían a familias con hijos, con una media de 1,8 hijos por declaración, y 448.841 se aplicaron la deducción por ascendiente, descendiente o cónyuge con discapacidad.

El Gobierno llegó a plantear en 2021 la desaparición paulatina de la reducción al considerar que generaba un desincentivo a la participación laboral de la mujer, tal y como había advertido un año antes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cifró el coste de la medida en casi 2.400 millones de euros.

La propuesta se incluyó en un anexo del Plan de Recuperación, pero ante el revuelo político generado -el PP dijo que se perjudicaría a familias de rentas medias y bajas-, el Gobierno matizó días después que era una simple referencia en el informe de impacto de género del Plan y no un compromiso, que nunca se materializó.

Aún así, un año después, en 2022, el comité de expertos para la reforma fiscal volvió a incluir la propuesta de suprimir la reducción en su libro blanco, en este caso para sustituirla por un mínimo que adecuara el IRPF a las circunstancias personales y familiares, una iniciativa que tampoco prosperó.

La resistencia a eliminar la reducción por declaración conjunta se mantiene ya que, apunta el Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), aunque muchas veces se presente "como un privilegio de rentas altas", en la realidad beneficia a familias que viven de una única nómina o pensión, muchas veces de edad avanzada.

Así, eliminar la reducción acabaría perjudicando "a quien menos margen de reacción tiene", como parejas de jubilados en las que uno de los cónyuges nunca cotizó o familias con una persona dependiente o discapacitada que nunca va a acceder al mercado laboral.

Una eventual supresión afectaría "a personas sin capacidad real de modificar su situación", coincide la profesora González, que subraya la necesidad de que la reforma se aborde de forma gradual y con compensaciones claras, por ejemplo, con más recursos para políticas de cuidados o dependencia.

"Lo que se recaude de más debe volver a las familias, vía tipos más bajos en los primeros tramos, mínimos familiares más altos o una deducción por segundo perceptor", propone el IEE, ya que si no se produce esta devolución sería "una subida de impuestos con otro nombre". EFE

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