El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado abrir diligencias previas tras una querella de Hazte Oír sobre el supuesto reparto de artefactos utilizados por migrantes y, en otra causa, ha admitido otra querella de la asociación contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano y la ha incorporado a unas diligencias ya abiertas.
En el caso de Pérez Triano, el juzgado ha unido la querella presentada por Hazte Oír y las Diligencias Previas 473/2026, ya en tramitación tras la acción judicial presentada por Manos Limpias.
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El juzgado ha reconocido a la asociación como acusación popular en este procedimiento, en el que se investigan las actuaciones de las autoridades durante la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio.
La querella atribuye indiciariamente a Pérez Triano presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.
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Hazte Oír también ha dirigido la acción contra otras autoridades y funcionarios que pudieran resultar responsables de los hechos.
La asociación ha solicitado que se practiquen distintas diligencias para esclarecer las decisiones adoptadas durante la crisis y que se preserve la documentación y las comunicaciones oficiales relacionadas con aquellos acontecimientos.
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El Ministerio Fiscal deberá pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por Hazte Oír.
EL REPARTO DE ARTEFACTOS
En una causa distinta, el mismo juzgado ha acordado incoar diligencias previas para investigar el supuesto reparto de artefactos a migrantes durante los incidentes registrados en la ciudad las últimas semanas.
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El auto, fechado este jueves, señala que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros.
La investigación pretende determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, así como las personas que pudieran haber intervenido en ellos. Hazte Oír reclama esclarecer quién adquirió, fabricó, transportó, almacenó, suministró o distribuyó los dispositivos, así como de qué forma llegaron hasta Ceuta.
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La asociación también pide investigar si existió coordinación o aliento de las conductas violentas y si participaron personas vinculadas a organizaciones que operan en la ciudad.
La entidad solicita también informes policiales y periciales, la identificación de los posibles responsables y la conservación de grabaciones y registros. Contra las resoluciones cabe interponer los recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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