Madrid, 13 ago (EFE).- La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Ecuador de Wilmer Chavarría, 'Pipo', presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa del país, para terminar de cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios durante un tiroteo tras el asalto a un banco en 2010.
Esta decisión, adoptada en un auto de finales de julio al que ha tenido acceso EFE, se produce después de que los magistrados rechazasen la entrega de Chavarría a Estados Unidos, que le reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.
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Conocido como 'Pipo', Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.
El pasado mes de febrero fue interrogado en la prisión de Zuera (Zaragoza), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación al asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023, y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2025.
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Los hechos por los que la Audiencia Nacional accede ahora a su entrega -sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno- sucedieron la mañana del 3 de julio de 2010, cuando el reclamado y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria en Ecuador, de la que se llevaron 38.000 dólares, según la documentación remitidas por las autoridades ecuatorianas.
Tras el robo, se produjo un intercambio de disparos en una persecución policial. Tres personas fallecieron.
Un tribunal de Ecuador condenó a 16 años de cárcel a Chavarría en 2010 -de los que cumplió más de 11-, pero once años después, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena al contar con un supuesto certificado de defunción que "daba cuenta" de que el reclamado había fallecido el 23 de febrero de ese año.
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Poco después se supo que el documento que sirvió para la inscripción de la defunción era falso, de modo que anuló la extinción de la condena.
Durante la vista de extradición, celebrada el pasado mes de junio, la Fiscalía apoyó la entrega y la defensa se opuso, al denunciar que en Ecuador hay riesgo de tratos inhumanos o degradantes y que su vida estaría en peligro.
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El tribunal solicitó información complementaria al país para que certificase el tiempo que resta por cumplir a Chavarría (casi cinco años) y también para que informase sobre las garantías penitenciarias, "individualizadas y verificables", que regirían en caso de entregarlo.
Ecuador informó de la normativa sobre derechos y garantías de personas privadas de libertad, así como de las acciones concretas implementadas para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida y a la integridad personal de los presos.
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Una "extensa contestación" que, para la Audiencia Nacional, "revela la prestación de garantías suficientes" de que el ingreso en prisión de Chavarría "va a respetar sus derechos fundamentales". EFE
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