Ordenan al exjugador de Las Palmas Sergio Araujo devolver la casa a su ex pareja y dictan una orden de alejamiento

La autoridad judicial de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado al ex futbolista de la U.D. Las Palmas Sergio Araujo devolver la casa a su ex pareja e hija menor, además de ponerle una orden de alejamiento.

Estas medidas cautelares de protección se enmarcan en unas diligencias previas abiertas contra el exjugador de la U.D. Las Palmas tras una denuncia interpuesta por presuntos delitos relacionados con violencia de género y la ocupación de una vivienda familiar, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La autoridad judicial señala que aprecia indicios suficientes para adoptar medidas de protección a favor de la denunciante, la ex pareja de Araujo, así como de su hija menor, mientras continúa la investigación de los hechos.

Respecto a las medidas dictadas está la prohibición para el investigado de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otra zona donde se encuentre, así como la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con ella por cualquier medio.

En cuanto al ámbito civil, el juzgado atribuye provisionalmente la guarda y custodia de la hija menor a la madre, manteniendo el ejercicio conjunto de la patria potestad hasta que se dicte resolución en el correspondiente procedimiento de familia. También mantiene el régimen de alimentos previamente establecido.

La resolución ordena el desalojo de la vivienda familiar por parte de las personas que la ocupaban, al tiempo que dispone de la entrega de las llaves y la restitución del inmueble a la denunciante y a su hija, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de ser necesario.

En este marco el auto fundamenta las medidas en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales que, según recoge la resolución, apuntan a que la vivienda constituía el domicilio habitual de la denunciante y su hija antes de la ocupación objeto de investigación.

De todas formas, el procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas adoptadas tienen carácter cautelar, sin prejuzgar el resultado final del proceso judicial ni la responsabilidad penal de las personas investigadas.