El Instituto Cervantes asegura que la sede de Utrecht ni se ha subastado ni embargado

Madrid, 1 jun EFE).- El Instituto Cervantes ha asegurado que el edificio donde está ubicada la sede de la institución en Utrech ni ha sido subastado, ni embargado y que "en ningún momento el fondo buitre Blasket Renewable Investments ha tomado posesión" del inmueble, con lo que continúa su actividad con normalidad.

Así lo ha asegurado en un comunicado a raíz de una información que fue remitida este domingo -dice- "de manera anónima a los medios de comunicación" y que ha creado, a su juicio, "una alarma innecesaria, pues el edificio ni ha sido subastado ni embargado, y continúa su actividad sin incidencias".

Según el Instituto, el Gobierno les ha comunicado "que han iniciado acciones a través de la Abogacía del Estado para la protección del inmueble, que es propiedad de Patrimonio del Estado".

Y para ello, "se está aplicando el derecho internacional y el derecho de la Unión, que impide el pago del laudo que se está tratando de ejecutar".

Este lunes, los acreedores afectados por el impago del recorte retroactivo de las primas a las renovables han asegurado en un comunicado haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.

Los acreedores mantienen en el comunicado que han tomado "posesión efectiva" de la sede del organismo cultural en Utrecht, que dicen estar valorado en diez millones de euros, y que han colocado carteles en la fachada en los que se podía leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo.

También han asegurado que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que han negado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, como también han señalado a EFE fuentes del Cervantes en Utrecht que su actividad continúa este lunes con normalidad.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Esto desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial. EFE