Madrid, 21 may (EFE).- Este 21 de mayo finaliza el plazo de dos años que tienen los Estados miembro de la Unión Europea para trasponer la nueva Directiva Penal Ambiental de lucha contra los delitos ecológicos en toda Europa, y España aún no ha finalizado el proceso, denuncia la organización WWF.
La directiva se aprobó en mayo de 2024, pero "España todavía no ha adaptado su legislación", asegura la ong en un comunicado, en el que asegura que la nueva normativa europea "actualiza por completo el marco legal de 2008" y obliga a los países a "endurecer" la persecución penal de los delitos ambientales, "la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo", aseguran.
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La directiva busca endurecer la persecución penal por delitos como la contaminación grave, el tráfico ilegal de residuos, la destrucción de hábitats o los delitos ambientales cometidos por empresas, según la ong.
Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, señala en el comunicado que "resulta muy grave" que España incumpla el plazo de adaptación de la normativa europea, "precisamente la primera obligación que establece la directiva".
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La ong recuerda que el incumplimiento del plazo de trasposición de la directiva puede derivar en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.
Sostienen que aunque España cuenta con "herramientas pioneras" en la lucha contra determinados delitos ambientales gracias al trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) -la unidad especializada de la Guardia Civil-, los agentes ambientales o la Fiscalía de Medio Ambiente, estos delitos "siguen infravalorándose y tratándose con frecuencia como infracciones menores".
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Destacan que la ausencia de una base de datos estatal unificada con estos delitos "dificultan la investigación y la persecución eficaz de estas redes delictivas", e identifican entre los principales cambios pendientes en la legislación española la actualización del catálogo de conductas consideradas como delitos ambientales.
Desde WWF subrayan que la falta de medios y especialización judicial "sigue siendo uno de los principales obstáculos para perseguir eficazmente los delitos ambientales en España".
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"Los delitos ambientales generan enormes impactos ecológicos, sociales y económicos", subrayan, y aseguran que en el caso de los delitos contra la vida silvestre aceleran la pérdida de biodiversidad y ponen a otras al borde de la extinción en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas europeos.
"Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes", asevera Laura Moreno. EFE
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