José Luis Calama, un juez experto en delitos económicos para investigar a Zapatero

Madrid, 20 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, que cumple este miércoles 67 años y ha saltado a la fama por haber imputado a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, es la antítesis de un juez estrella, y, pese a ello, ya ha pasado a los libros de historia por ser el que por primera vez ha imputado a un expresidente del Gobierno en España.

Reconocido por su dominio en causas de delincuencia económica y de blanqueo de capitales, el azar puso hace pocos meses en sus manos el caso Plus Ultra en el que se investiga una presunta trama de tráfico de influencias y de posible blanqueo en el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, en cuyo "vértice" ha situado a Rodríguez Zapatero.

El caso recayó en su juzgado tras inhibirse en favor de la Audiencia Nacional el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, a cuyo frente curiosamente Calama estuvo de 1996 a 2018.

La carambola fue mayor, ya que la causa correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular Ismael Moreno es conocido por investigar el caso Koldo, pero éste se abstuvo de instruir el caso Plus Ultra por falta de imparcialidad frente a una de las partes, por lo que finalmente Calama asumió esta investigación como sustituto natural de Moreno.

En sus ocho años al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional, ahora renombrado con la nueva normativa como Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, este juez nacido en Salamanca se ha caracterizado más bien por una labor callada y minuciosa en causas mediáticas, como el caso Pegasus, en el que investigó sin éxito el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel le llevó en enero de este año a tener que archivar por segunda vez esta investigación, que abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.

Otro de los casos que despertaron el interés de los medios fueron las diligencias que se apresuró a abrir al día siguiente del apagón eléctrico en la España peninsular, ocurrido el 28 de abril de 2025, coincidiendo en que estaba esa semana de guardia, por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.

Tras mantener varios meses sus pesquisas bajo secreto, el pasado mes de enero, acabó dándoles carpetazo al constatar que no había aparecido "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".

También fue destacada su intervención en la causa en la que terminó procesando por un millonaria estafa al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que confesó haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise.

Ante la confesión de Romillo sobre esa presunta financiación ilegal del partido que lidera Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), durante las pasadas elecciones europeas, Calama optó por dar cuenta de ello a través de una exposición razonada al Tribunal Supremo, que decidió finalmente por solicitar al Parlamento Europeo que le levantara la inmunidad al eurodiputado español por esta causa para poder proceder contra él.

Entre los primeros casos que tramitó a su llegada al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2018, tras dos décadas al frente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, destaca el del Banco Popular que heredó del anterior titular del Juzgado, el magistrado Fernando Andreu, que pasó a engrosar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Tras varios años de instrucción, en noviembre de 2024 abrió finalmente juicio oral al expresidente del Banco Popular Ángel Ron. a doce exdirectivos y a la auditora PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016, e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.

El magistrado impuso esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y situó a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.

Antes de llegar a Madrid, su primer destino fue en un juzgado de instrucción de Sigüenza, en el que ingresó en 1988 y que dejó en 1990 para trasladarse al Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, en el que estuvo tres años para pasar después otros tres años, hasta 1996, en un juzgado de instrucción de Valaldolid.EFE