El 100.2, una controvertida vía de reinserción que disfruta una veintena de presos de ETA

Rafael Herrero

Vitoria, 2 abr (EFE).- El pasado 24 de marzo, Soledad Iparragirre, Anboto, histórica exdirigente de ETA, salió de la prisión de Martutene, parapetada tras una gafas de sol y varios allegados que trataban de evitar, sin éxito, una imagen que causó dolor en las víctimas del terrorismo, pero que el Gobierno Vasco enmarca en el camino de la reinserción.

Su salida se ajusta a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que permite salidas de la cárcel a Garikoitz Azpiazu, Txeroki, otro exjefe de ETA, y que esta semana se ha aplicado también sobre el recluso de la organización terrorista Ángel Tellería.

Son algo más de 20 los presos de ETA que actualmente se benefician de esta medida de flexibilización, que les permite salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día siempre que acrediten que van a trabajar, recibir algún tratamiento o realizar labores de voluntariado.

Se trata de una vía ordinaria que, a diferencia de otras medidas, como el tercer grado y la liberad condicional, no contiene requisitos específicos para los reclusos con penas por delitos de terrorismo.

En la actualidad, algo más de una veintena de presos de ETA disfruta de la flexibilización de su condena por la aplicación del artículo 100.2, según los datos facilitados a EFE por la Asociación de Víctimas del Terrorismo -a la que el Gobierno Vasco notifica todos los casos- y la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, que concreta que son 23 los penados por delitos de terrorismo actualmente en este régimen.

Esta cifra podría ser algo mayor, ya que Etxerat no cuenta a los miembros de ETA arrepentidos que abandonaron o fueron expulsados del colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK).

La aplicación de esta vía de reinserción no es nueva ni ha sido iniciada por el Gobierno Vasco, que gestiona las cárceles vascas desde el 1 de octubre de 2021. Muchos presos de ETA se beneficiaron de la medida antes del traspaso de la competencia, incluso antes del final del terrorismo. En la mayoría de los casos reclusos enfermos o que se habían distanciado de ETA.

De hecho, una de las aplicaciones más polémicas de este artículo tuvo lugar en marzo de 2007, cuando Instituciones Penitenciarias se lo concedió a Iñaki de Juana Chaos, quien estaba en huelga de hambre.

Además de Anboto y Txeroki, disfrutan actualmente de ese régimen otros destacados reclusos de ETA como José Ramón Carasatorre, Jon Olarra Guridi y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de prisiones, el Departamento vasco de Justicia ha aplicado el 100.2 a 142 reclusos, de los que 48 estaban vinculados a ETA, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno Vasco ha concedido además 2.002 terceros grados, de los que 119 corresponden a 97 presos de ETA (algunos lo han recibido más de una vez al haber sido revocados).

Esta vía de flexibilización ha sido criticada por las asociaciones de víctimas, ya que, para aplicarse, no necesita requisitos específicos exigibles a los condenados por terrorismo y porque se trata de una medida "excepcional", tal y como detalla el reglamento penitenciario.

Las Juntas de Tratamiento proponen la medida, la autoridad penitenciaria -en este caso el Gobierno Vasco- la aprueba y, posteriormente, el juez de vigilancia penitenciaria la avala o no. Para hacerlo puede pedir un informe a la Fiscalía, que puede expresar su postura pero no presentar recurso. En el caso de Anboto, el juez aún no se ha pronunciado.

En el caso de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del régimen de flexibilización y reveló que este antiguo jefe de ETA había participado en encuentros restaurativos con víctimas del terrorismo, que de forma muy discreta sigue organizando el Gobierno Vasco.

Para la concesión de terceros grados o libertades condicionales, la legislación actual impone condiciones específicas para los presos de ETA o de otras organizaciones terroristas, como la colaboración efectiva con las autoridades, la petición expresa de perdón, y desvinculación de la organización terrorista.

Por este motivo, las organizaciones de víctimas cuestionan la aplicación del 100.2, al entender constituye una vía para eludir estos requisitos y suavizar las condenas de presos de ETA que no se han desvinculado de su pasado terrorista.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite califica esta vía como una "trampa", ya que se emplea "como un atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado".

Por su parte, el Gobierno Vasco alude a la aplicación de la ley y al principio de reinserción que guía su actuación en materia penitenciaria, aunque comprende que las salidas de prisión de destacados militantes de ETA causen dolor a sus víctimas.

Cuando se van a cumplir 15 años del fin del terrorismo, quedan algo más de 120 presos de ETA, la gran mayoría en las tres cárceles vascas. También hay tres en la prisión de Pamplona y dos en Francia.

De todos estos, 102 pertenecen al llamado EPPK y otros 10 abandonaron el colectivo al no estar de acuerdo con su estrategia, por lo que ahora están amparados por la agrupación Tinko, que exige la amnistía total. Fuera de la órbita de estas organizaciones quedan los presos desvinculados totalmente de ETA. EFE