Madrid, 26 mar (EFE).- La ley para combatir la multirreincidencia vuelve este jueves al pleno del Congreso, donde será aprobada definitivamente, tras vetar el Gobierno dos de las enmiendas que el PP había introducido durante su paso por el Senado, que endurecían los controles para la regularización de los migrantes y suponían un incremento presupuestario.
La norma -iniciativa de Junts- fue aprobada el pasado 12 de febrero por el Congreso con los votos del PSOE, PP, Vox, PNV, además de los del grupo proponente, y pasó al Senado, donde el PP introdujo varias enmiendas, entre ellas una que modifica la ley de extranjería con un endurecimiento de los controles para las personas migrantes que soliciten la regularización.
El PP incluyó además otra enmienda que obligaba, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma.
El Gobierno ha vetado en la Mesa del Congreso estas dos enmiendas por considerar que su aprobación implicaría un incremento presupuestario. Por un lado, porque supondría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería que conllevaría, según apuntan, un coste adicional de 17 millones de euros.
Por otro lado, porque la segunda enmienda implicaría 491 plazas nuevas de fiscales, que supondrían un aumento de las cuentas públicas de unos 54 millones de euros.
El PP ha anunciado que recurrirá este veto del Gobierno, que considera "muy grave" e implica que se ha "vaciado de competencias" a las Cortes Generales.
Así, el pleno del Congreso votará este jueves el resto de enmiendas que se incorporaron durante el paso de la norma por la Cámara Alta.
Entre ellas una del PSOE por la que se incluye un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir un mayor reproche penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos 'indoor' de marihuana, donde frecuentemente se comete fraude de suministro eléctrico.
La ley para combatir la multirreincidencia modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles.
Además, propone tipificar como delito el 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.
La aprobación de esta propuesta de Junts, que estuvo durante más de un año encallada en el Congreso, se interpretó como un gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont.
La iniciativa ha sido duramente criticada por los tradicionales socios de Gobierno (Sumar, Podemos y Bildu), que denuncian que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha, mientras que ERC se ha abstenido en las distintas votaciones. EFE
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