La prolongada duración de trece años que presentó el proceso judicial contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, terminó influyendo en el resultado de su condena. Tras casi una década de instrucción y más de tres años restantes en las fases preparatorias y el juicio oral, el Tribunal Supremo aplicó una atenuante “muy cualificada” por la demora excepcional en el trámite de la causa, lo que llevó a una reducción de la pena impuesta inicialmente. Según informó Europa Press, la sentencia dictada por el órgano de mayor instancia rechazó en parte la condena inicial de la Audiencia Provincial de Madrid y rebajó la pena a dos años, un mes y quince días de prisión.
El caso tiene su raíz en hechos ocurridos en 2014, cuando Gómez Iglesias resultó considerado responsable de inducir a dos funcionarios de la Policía Municipal de Madrid a facilitarle información confidencial. Los agentes le proporcionaron datos sobre titulares y matrículas de vehículos procedentes de las bases policiales, a cambio de algún tipo de compensación. En 2023, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una condena de cuatro años y tres meses para Gómez Iglesias tras encontrarle culpable de inducir un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, así como de un delito de cohecho activo.
El Supremo, tal como detalla Europa Press, admitió parcialmente el recurso presentado por Gómez Iglesias contra la sentencia de la Audiencia de Madrid. La resolución señala que la duración del proceso constituye una causa extraordinaria que justifica la aplicación de la atenuante por dilaciones indebidas, considerada como “muy cualificada” por la magnitud del retraso. El alto tribunal especificó que la fase inicial demoró casi diez años, con tres años adicionales comprendidos entre la fase preparatoria y el juicio oral, lo que sumó un total de trece años hasta obtener la sentencia, periodo que el Supremo calificó como concluyente para reducir la condena.
A su vez, la sentencia del Supremo absuelve a Gómez Iglesias del cargo de inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que previamente se le había impuesto una pena de multa. La absolución de este cargo se produce debido a que la persona considerada autor directo —quien ocupaba el cargo de coordinador de seguridad municipal en ese momento— también fue absuelta.
En cuanto a los dos agentes de la Policía Municipal de Madrid implicados, el Tribunal Supremo resolvió mantener la condena de prisión a cada uno de ellos por revelación de secretos y cohecho activo. Sin embargo, igual que en el caso del principal acusado, sus condenas también resultaron reducidas a la mitad por aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas “muy cualificada”, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.
El fallo del Supremo deja sin efecto parte de la sentencia recurrida, pero mantiene la responsabilidad penal sobre la revelación de información confidencial y el desempeño indebido de funciones públicas a cambio de retribuciones. La rebaja en las penas se atribuye exclusivamente a la anómala prolongación del proceso judicial, según recogió Europa Press, y no a una modificación en los hechos juzgados.
Durante el proceso, la obtención ilícita de información de las bases policiales constituyó el núcleo del caso. Los datos facilitados sobre matrículas y titulares de vehículos por los dos funcionarios a Gómez Iglesias dieron lugar a la investigación judicial que desencadenó las condenas. Europa Press consignó que los agentes enfrentan, tras la revisión judicial, una condena reducida a dos años, un mes y quince días cada uno.
Tras la publicación de la sentencia del Supremo, el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias vuelve a situarse en el debate público, girando ahora sobre los plazos de los procesos judiciales y la capacidad de estos retrasos para incidir en el desenlace de las penas. Según lo resaltado por Europa Press, la dilación extraordinaria de este proceso ha sido considerada motivo suficiente por el tribunal para dictar una rebaja relevante en las sanciones originales sin modificar el núcleo de la responsabilidad penal atribuida.
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