El Gobierno acepta las primeras 15 peticiones de indemnización a fallecidos por la represión tardofranquista

La comisión designada para valorar las compensaciones económicas a víctimas del franquismo ha analizado hasta el momento 18 expedientes y ha autorizado ya 15 indemnizaciones para familiares de personas fallecidas o gravemente heridas a causa de la represión ocurrida entre 1968 y el fin del régimen. Esta medida surge dentro de un total de medio centenar de solicitudes en proceso, según informó El País en base a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Durante el pleno del Congreso, en el contexto del debate sobre la convalidación de un nuevo decreto ley, Torres expuso que el Ejecutivo estudia alrededor de 50 reclamaciones para reparar e indemnizar a víctimas de asesinatos y lesiones graves causados por la represión franquista. Este análisis abarca casos registrados entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, día de la entrada en vigencia de la Constitución. Según consignó El País, la reforma legal amplía el marco temporal considerado hasta ese límite con el objetivo de cubrir a un colectivo de víctimas que hasta ahora no contaba con reconocimiento ni posibilidades de reparación económica por los hechos sufridos en la etapa final de la dictadura.

Entre los expedientes ya tramitados destaca el caso de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación en Málaga que reclamaba la autonomía de Andalucía. La indemnización concedida a su familia forma parte de los primeros casos aprobados, informó El País citando los anuncios de Torres.

El ministro también se refirió al reconocimiento otorgado a los familiares de Víctor Manuel Pérez, quien murió a los 23 años en Portugalete (Vizcaya), tras recibir disparos por la espalda mientras distribuía octavillas en apoyo a una huelga, informó el medio. Se han tramitado, además, otros expedientes como el de Amador Rey, asesinado en marzo de 1972 en Ferrol (Coruña) junto a su compañero Daniel como resultado de la intervención policial en una huelga, dejando viuda y tres hijos, detalló El País.

De acuerdo a lo relatado por el ministro ante el Congreso, la familia de Ángel Almazán también recibirá la indemnización correspondiente. Almazán murió en el hospital en 1976 después de varios días ingresado, a consecuencia de los golpes propinados presuntamente con la culata de armas por agentes policiales al término de una manifestación.

Otros casos aprobados incluyen el de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, quien falleció en marzo de 1976 en Tarragona durante las protestas obreras reprimidas por la policía, según expuso el propio ministro y reportó El País. El medio también detalló la adjudicación de compensaciones para la familia de Francisco Javier Núñez Fernández. Este último fue interceptado por la represión policial cuando regresaba de misa con su hija de tres años durante una manifestación por la amnistía en Bilbao. Logró poner a salvo a la pequeña, pero después sufrió una paliza. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, recordó Torres ante la viuda y la hija del fallecido presentes en la sesión, según recogió El País.

El avance en la tramitación de estas solicitudes responde a la modificación de la Ley de Memoria Democrática, que busca cubrir tanto a víctimas de asesinatos como de lesiones graves ocurridas durante los últimos años del franquismo. La actualización normativa tiene la finalidad de garantizar el reconocimiento y la compensación a personas y familiares afectados en el tramo final del régimen, hasta la aprobación de la Constitución en 1978. El ministro subrayó que algunas de estas víctimas sufrieron la represión por participar en manifestaciones, apoyar huelgas o verse involucrados en protestas sindicales o políticas, hechos que por años no recibieron respuesta institucional de reparación, publicó El País.

La comisión responsable de analizar los expedientes recibió hasta ahora unas 50 solicitudes, muchas de ellas referidas a personas que murieron en circunstancias directamente atribuibles a la represión policial o por acciones oficiales vinculadas a la dictadura, según reportó el medio. Hasta el momento, la comisión ha estudiado 18 expedientes y refrendó la concesión de 15 indemnizaciones, lo que abre la puerta a más resoluciones favorables en las próximas semanas conforme avanza la evaluación de los casos.

La reforma legal y el avance administrativo en estos reconocimientos forman parte de las políticas actuales orientadas a la reparación de las víctimas del franquismo, en línea con los compromisos adquiridos en materia de memoria democrática. Esta iniciativa da cobertura a familias que durante décadas reclamaron justicia y reconocimiento para quienes perdieron la vida o sufrieron lesiones graves en los últimos años del régimen. Tal como informó El País, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado prioridad a estos expedientes debido a la situación de olvido institucional en la que permanecieron estas víctimas, muchas de ellas participantes en movimientos sociales por la democracia y los derechos laborales.

Las historias de las personas mencionadas han servido de ejemplo en el debate político y social sobre la necesidad de ampliar la reparación e indemnización a las víctimas del final del franquismo. Las indemnizaciones aprobadas se consideran un paso significativo en la consolidación de la nueva Ley de Memoria Democrática y también como parte de una actuación más integral de Estado hacia el reconocimiento de las víctimas de la represión política en España durante el siglo XX, consignó El País. El proceso iniciado por el Gobierno incluye tanto la valoración técnica por una comisión especializada como la tramitación administrativa de cada caso, lo que permitirá dar una respuesta progresiva a las reclamaciones pendientes de este colectivo.

El decreto ley en proceso de convalidación en el Congreso establece criterios claros para la cobertura temporal, los potenciales beneficiarios y el tipo de compensaciones aprobadas, con la intención de asegurar el acceso a la reparación sin dejar fuera a quienes hasta ahora no figuraban en el marco de reconocimientos. Según ha detallado El País, el objetivo es que la nueva normativa dé respuesta definitiva a los casos de represión ocurridos entre 1968 y 1978, reforzando la política estatal de memoria histórica y democrática.