El juez Peinado insiste en dirigir el 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular y cita a las partes el 1 de abril

El magistrado Juan Carlos Peinado decidió agrupar la investigación sobre un posible delito de malversación de caudales públicos en una pieza separada dentro de la causa que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez. Según detalló Europa Press en un auto al que tuvo acceso, el juez convocó a todas las partes implicadas, entre las que se encuentran los investigados, la Fiscalía y las acusaciones, para una audiencia prevista el 1 de abril. El magistrado enfatizó su intención de que, si el proceso llegase a juicio, sea competencia de un jurado popular.

De acuerdo con Europa Press, la decisión de Peinado responde a su análisis de los indicios recabados durante la investigación. El instructor explicó en su resolución que existen elementos para vincular a Gómez con los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. El auto contiene una referencia al contexto universitario de la Universidad Complutense de Madrid, donde, según lo consignado por el juez, Gómez habría utilizado su posición personal para obtener apoyos institucionales y empresariales, además de recursos para la creación y dirección de una cátedra extraordinaria.

Europa Press recordó que en febrero la Audiencia Provincial de Madrid revocó una orden anterior del magistrado, tras acoger un recurso presentado por la defensa de Gómez. En esa ocasión, la Audiencia dictaminó que no se acreditaban "indicios racionales de criminalidad" que exigieran el enjuiciamiento mediante jurado popular. A pesar de ese pronunciamiento, el juez Peinado volvió a insistir en su última resolución que, según su criterio, sí se constatan en la actualidad indicios de los delitos que son competencia de un tribunal de jurado.

El auto recoge, además, que Gómez habría aprovechado su cercanía al presidente del Gobierno para potenciar su carrera en la Universidad Complutense, consiguiendo una "interlocución singular" no solo con directivos del centro, sino también con empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico. De acuerdo con el texto judicial citado por Europa Press, la influencia emanaba de su condición como pareja de Sánchez y del "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".

El documento judicial examina el rol de Gómez en la promoción de una cátedra universitaria específica, creada para su dirección, y la contratación de su amiga y también investigada, Cristina Álvarez. Según lo expuesto en el auto, Álvarez fue incorporada al equipo no solo para tareas protocolarias, sino también en actividades privadas vinculadas al proyecto de la cátedra y al desarrollo de un programa informático. Así lo relató el juez Peinado, quien sostuvo que, para terceros, Álvarez era percibida como miembro activo del citado equipo y no solo como asistente personal.

El magistrado expuso además que Begoña Gómez habría dirigido comunicaciones que sugerían, de forma directa o indirecta, la adjudicación de concursos públicos para beneficiar a Juan Carlos Barrabés, empresario investigado y vinculado al proyecto académico. El juez explicó que la integración de Barrabés en la cátedra coincidía con la obtención de contratos públicos para sociedades empresariales relacionadas con él, respaldadas, según el auto, por el apoyo de Gómez.

La resolución judicial citada por Europa Press también describe que Gómez firmó documentos técnicos y relacionados con procedimientos de contratación pública y desarrollo de software, sin disponer de la cualificación técnica o administrativa necesaria, según consideró el juez. Este proceder se estudia como posible constitutivo de los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional.

En otro apartado, Peinado subrayó, siempre según la información de Europa Press, la importancia del momento en que Pedro Sánchez accedió a la presidencia en 2018 para comprender el presunto tráfico de influencias. El juez remarcó que, hasta ese año, la trayectoria de Gómez estuvo ligada al ámbito privado, dedicándose al marketing y la consultoría, y que solicitó una excedencia laboral en ese periodo. Posteriormente, apenas dos meses después de concluir su actividad en la empresa privada, fue designada directora del IE Africa Center y estableció alianzas con la Organización Mundial del Turismo y con la firma Hub/StartUp Wakalua SL, donde coincidió con Barrabés.

El auto menciona declaraciones de Barrabés en las que afirma haber acudido al Palacio de la Moncloa por invitación expresa, tanto para tratar temas relacionados con un máster impulsado por Gómez como para cuestiones empresariales vinculadas a Pedro Sánchez, según reportó Europa Press. El juez interpreta que este hecho sitúa los primeros vínculos profesionales de Barrabés y Gómez en el entorno de la residencia oficial del presidente.

Europa Press concluyó que el objetivo del auto dictado por Peinado no es anticipar la resolución de apertura de juicio o sobreseimiento, sino focalizarse en la verificación de la verosimilitud de los hechos investigados. Las actuaciones continúan a la espera de la comparecencia prevista, en la que comparecerán todas las partes implicadas para aportar nuevas consideraciones y pruebas dentro del marco de las diligencias judiciales en curso.