A juicio este miércoles el caso de la mujer abrasada en el 'escape room' de Cájar (Granada)

De acuerdo con el escrito de acusación consultado por Europa Press, el caso enciende la atención sobre la falta de permisos y medidas de seguridad en actividades recreativas, como quedó reflejado en la escape room de Cájar (Granada) vinculada al incidente donde una mujer de 42 años resultó con quemaduras de gravedad tras ser rociada con un líquido que contenía gasolina durante el desarrollo del juego. Tras esta situación, la actividad del establecimiento quedó suspendida. La vista judicial, que se celebra este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, servirá para determinar la eventual responsabilidad penal de los tres acusados y la cuantía de la indemnización a la que podrían ser condenados.

Según detalló Europa Press, la Fiscalía solicita dos años de prisión para los tres hombres que, según la investigación, tuvieron diferentes grados de implicación en los hechos. Además, el Ministerio Fiscal reclama que los acusados abonen, de forma conjunta y solidaria, una indemnización próxima a los dos millones de euros en favor de la víctima. Esta suma busca compensar tanto las secuelas físicas, que incluyen heridas irreversibles, como los daños psicológicos, conforme consta en la documentación de la acusación a la que accedió dicho medio. La acusación particular, ejercida por la propia afectada, eleva la petición de condena a tres años de prisión y estima la reparación en 1,9 millones de euros, cantidad de la que se restarían 300.000 euros previamente pagados por la aseguradora.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2022 alrededor de las 22:40, cuando la mujer acudió a 'Villa Amparo' en Cájar para participar en una escape room "hardcore" junto a otras cinco personas. El desarrollo del juego, según relató Europa Press, llevó a los participantes a pasar por distintas estancias resolviendo enigmas. El recorrido comenzó en la cocina, donde permanecieron encerrados hasta lograr descifrar las claves para avanzar. Posteriormente, tras superar otra prueba en un baño, los jugadores accedieron a un pasillo y de ahí a otra sala con más desafíos.

En uno de los tramos, dos de los acusados, en calidad de actores, intervinieron directamente en la acción. Llevándose a uno de los participantes, lo esposaron y lo introdujeron en una especie de ataúd cerrado con candado. Después, la víctima fue atada de manos y sujetada por el cuello a una soga, sobre una silla. Pese a lograr librarse discretamente de las ataduras, permaneció quieta para evitar ser descubierta. Posteriormente, uno de los procesados le vertió un líquido, y aunque la víctima advirtió en varias ocasiones el fuerte olor a gasolina, no recibió respuesta de los responsables. De acuerdo con el relato recogido por Europa Press, uno de los acusados encendió un mechero, la mujer intentó apagar la llama soplando en dos oportunidades, pero tras el tercer intento las llamas prendieron.

La situación se tornó crítica, ya que tras prender el fuego, el acusado abandonó la escena, dejando a la víctima ardiendo. La mujer se vio obligada a quitarse la camiseta tratando de sofocar las llamas mientras un amigo, atrapado en el ataúd, le gritaba instrucciones de auxilio. La visibilidad del humo impedía a la afectada ubicarse o rodar por el suelo. Pocos momentos después, uno de los incriminados utilizó un extintor para apagar el fuego sobre ella y, junto a otros presentes, la trasladó al exterior y le echaron agua, dando lugar a la llegada del resto del grupo. Europa Press añadió que varios participantes también habían sido rociados con el mismo líquido en otra sección del lugar, en espera de que se ejecutara una acción similar.

La investigación recogida en el dossier fiscal atribuye responsabilidad no solo por la ejecución del juego sino también por las condiciones en que se desarrolló la actividad. El documento señala que los acusados no aseguraron la correcta composición del líquido, que resultó ser una mezcla peligrosa de agua y gasolina. Además, apunta a la responsabilidad del gerente del local, quien permitió que el evento se realizara a pesar de conocer el déficit de sistemas de seguridad y la ausencia de formación específica para los trabajadores respecto a protocolos de protección. La Fiscalía señala igualmente que la escape room funcionaba sin los permisos municipales requeridos ni licencia habilitante, tal y como figura en la acusación citada por Europa Press.

El escrito también resalta la carencia de elementos básicos para emergencias, como luces indicativas de salida, indicaciones claras, accesibilidad en puertas y ventanas y extintores adecuados para combatir incendios provocados por combustibles. Los dispositivos presentes estaban diseñados solo para incendios eléctricos, según detalló el medio, lo que agravó el riesgo durante la contingencia. Estas deficiencias de seguridad fueron decisivas para la gravedad de las consecuencias sufridas por la víctima.

Europa Press reportó que la imposibilidad de alcanzar un pacto previo sobre las responsabilidades y el resarcimiento llevó el caso a juicio público. El proceso judicial examinará si los tres acusados incurrieron en un delito de lesiones por imprudencia grave, como sostiene la Fiscalía, así como la procedencia y cuantía de la indemnización civil en función de los daños acreditados y las secuelas documentadas en la víctima tras su paso por la UCI de la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Tras el incidente, la escape room suspendió su actividad. Las actuaciones judiciales incluirán el análisis detallado del desarrollo de la actividad, el cumplimiento de normativas de seguridad y la responsabilidad de los administradores en la protección de la integridad de los participantes. La gravedad de las lesiones y el marco en el que ocurrieron estos hechos sitúan el caso como emblemático en materia de seguridad en actividades recreativas, según el seguimiento realizado por Europa Press.