El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo ha abierto diligencias para investigar a la alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, la socialista Soledad Ávila Ribada, por un presunto delito de prevaricación relacionado con adjudicaciones a familiares directos, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La causa se inicia a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del PP en el municipio, Sergio Yunquera, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a posibles irregularidades en adjudicaciones sin procedimiento de contratación ni fiscalización previa.
Según fuentes próximas al caso, la Fiscalía aprecia indicios de que los hechos objeto del procedimiento podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa.
De acuerdo con la denuncia, entre 2011 y 2023, periodo en el que Ávila ejerció diferentes responsabilidades municipales -primero como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde y posteriormente como alcaldesa-, se habrían firmado facturas por unos 135.000 euros correspondientes a trabajos adjudicados a varios familiares: tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos.
El informe que sustenta la denuncia señala que dichas adjudicaciones se habrían realizado "a dedo", mediante contratos sin propuesta formal de gasto ni expediente de contratación.
Además, algunas de esas facturas habrían sido firmadas por la propia edil, incluso en casos en los que la intervención municipal había emitido reparos, es decir, informes de suspensión por no haberse seguido los procedimientos legales.
Según las mismas fuentes, esos reparos habrían sido posteriormente levantados por la Junta de Gobierno, órgano del que formaba parte la propia Ávila, permitiendo así el pago de las facturas pese a la advertencia técnica.
La investigación se apoya en un análisis forense de facturación encargado por el grupo municipal del PP y posteriormente remitido a la interventora municipal, quien habría abierto de oficio una auditoría interna de las cuentas públicas tras detectar irregularidades en la revisión de documentación y correos electrónicos.
En el marco de la instrucción, la interventora municipal y varios peritos que elaboraron el informe de facturación han sido citados a declarar el próximo 6 de mayo en calidad de testigos, según apuntan las mismas fuentes.
Las actuaciones continúan abiertas y el juzgado sigue practicando diligencias para esclarecer los hechos. Por el momento, la regidora no ha sido citada a declarar.
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