El fiscal retira la acusación para dos de los tres procesados en el juicio por el doble crimen de Torrejón (Madrid)

El acusado que mantenía una relación con la víctima sostuvo ante el tribunal que no tuvo responsabilidad en el incendio que ocasionó la muerte de dos personas en una nave ocupada de Torrejón de Ardoz en agosto de 2022. Tras escuchar su testimonio, el tribunal dio por finalizada la vista oral del juicio, que quedó visto para sentencia. De acuerdo con la información publicada por el medio, solo uno de los hasta hace poco tres acusados continúa enfrentando cargos, después de que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares decidieran retirar sus peticiones de prisión para los otros dos implicados.

Según informó la fuente, el Ministerio Público mantuvo únicamente la solicitud de pena máxima contra la pareja de la joven fallecida, a quien responsabiliza de un doble asesinato y de provocar el incendio. El fiscal reclama una condena de 60 años de cárcel para este acusado. A su vez, el abogado de la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular al considerarse un crimen de violencia machista, solicitaba hasta ahora prisión permanente revisable para los tres acusados, petición que tras los nuevos criterios de la Fiscalía se dirige solamente contra la pareja de la víctima.

El incendio tuvo lugar en la madrugada del 20 de agosto de 2022. Según relató la Fiscalía y recogieron los medios, la pareja de la víctima convivía con ella en una nave industrial ocupada desde hacía al menos dos años. La Fiscalía sostiene que la relación estuvo marcada por episodios de violencia y amenazas. Consta en el procedimiento que la joven habría iniciado otra relación sentimental con la segunda víctima, y que el principal acusado expresó en reiteradas ocasiones su deseo de acabar con su vida.

El Ministerio Público y el resto de acusaciones recalcaron durante el proceso que el fuego presentó varios focos distribuidos en distintas plantas del inmueble, dato aportado principalmente por los Bomberos de la Comunidad de Madrid que participaron en las labores de extinción. Estos testimonios resultaron relevantes para establecer la hipótesis de un incendio provocado de manera intencionada, lo cual resulta determinante para calificar los hechos como asesinato.

Ambas víctimas fallecieron por asfixia, tras inhalar gases tóxicos generados por la combustión del material presente en la nave. El informe técnico de los bomberos subrayó la intensidad y la rápida propagación de las llamas, situación que llevó a las fuerzas de emergencia a evacuar el inmueble y otras instalaciones cercanas. A raíz del siniestro, la nave sufrió daños cuantificados en 18.200 euros, importe reclamado por los propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L. Además, varios vehículos estacionados en la proximidad resultaron afectados, aunque los dueños no presentaron reclamaciones al haberse hecho cargo las aseguradoras.

Según reportó la fuente, la Fiscalía señaló en sus conclusiones que no se logró acreditar la implicación de los otros dos procesados y por eso retiró la petición de 50 años de prisión que pesaba sobre cada uno. La acusación particular siguió el mismo criterio. Esta decisión dejó como único procesado al sujeto cuya relación con la víctima principal había sido marcada por situaciones de control y malos tratos, según indicó la declaración de la madre de la fallecida durante la vista. La progenitora relató ante el tribunal amenazas atribuidas al acusado, tales como la advertencia de que mataría a su hija.

Durante el juicio, la defensa del principal acusado expuso la falta de pruebas directas para fundamentar una condena. El letrado afirmó que no existía evidencia suficiente y sugirió que la posible responsabilidad podría recaer en los otros antiguos acusados. Pese a estos argumentos, tanto la Fiscalía como la acusación particular dirigieron sus solicitudes de condena solo hacia la expareja de la fallecida, basando sus argumentos en los testimonios recogidos y el conjunto de pruebas presentadas en la fase oral del juicio.

A consecuencia de la virulencia del incendio, las autoridades tuvieron que acordonar el perímetro, evacuar una nave colindante y retirar varios vehículos para prevenir daños adicionales. El caso ha acaparado la atención por la gravedad de los hechos y por la valoración judicial sobre la existencia o no de suficientes pruebas para sustentar la acusación contra todos los procesados, así como por su relevancia en materia de delitos de violencia de género en entornos de okupación. El veredicto final queda ahora pendiente del pronunciamiento del tribunal, tras la solicitud de condena únicamente frente a uno de los acusados.