Piden 6 años de prisión en Baleares para el patrón de una patera que llegó con 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad

Las autoridades judiciales han identificado que dos menores, entre los migrantes que llegaron a Cabrera en septiembre de 2025, viajaban sin la compañía de ningún familiar. El caso ha entrado esta semana en una nueva fase, con la celebración de la vista previa a cargo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, donde un joven enfrentará el proceso judicial por su implicación como patrón de la embarcación que transportó a este grupo. La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según detalló el medio digital.

De acuerdo con la información publicada, la embarcación partió de las costas argelinas la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada al sur de Cabrera poco después de veinticuatro horas de navegación. El fiscal sostiene que la patera, de pequeñas dimensiones y equipada con un solo motor, había sido sobrecargada al incluir en el trayecto a 32 personas de origen subsahariano, entre ellas dieciséis menores de edad, tres mujeres y únicamente un menor acompañado por un familiar directo. Según ejemplificó el Ministerio Público en su escrito de acusación, la presencia de una cantidad considerable de bidones de combustible acentuaba la situación de peligro, al sumarse a la falta de medidas mínimas de seguridad para los viajeros.

La fiscalía subraya que la organización del viaje estuvo a cargo de dos individuos establecidos en Argelia, no identificados en el escrito, quienes habrían coordinado la salida y recaudado los pagos correspondientes. Cada pasajero entregó unos 3.000 euros por su plaza en la embarcación, según consignó el medio. En cuanto al joven acusado de liderar la travesía, el Ministerio Público sostiene que su participación fue retribuida mediante una rebaja en el precio del viaje, de modo que el acusado actuaba como patrón a la vez que participaba en calidad de migrante.

El procedimiento judicial incluye la imputación específica de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que agrava el caso por poner en riesgo la vida y la integridad de los afectados, especialmente por la presencia significativa de menores. En su argumentación, la Fiscalía resalta el peligro inherente a este tipo de travesías, enfatizando las condiciones precarias de la embarcación, la sobrecarga y la exposición a posibles accidentes debido a la manipulación de bidones de combustible durante más de un día de travesía.

El medio digital informó que la vista previa se realizará el viernes a las 12:30 horas en la Audiencia Provincial de Baleares, donde se expondrán las pruebas respecto al papel del acusado en la organización y conducción de la patera. Además, fuentes judiciales han confirmado que la acusación se sostiene principalmente en los testimonios recabados tras la intervención policial y en el informe pericial sobre las condiciones de la embarcación.

El caso refleja el continuo flujo migratorio desde el norte de África hacia las Islas Baleares, particularmente el crecimiento de los viajes protagonizados por personas subsaharianas a bordo de embarcaciones de pequeñas dimensiones y sin los elementos necesarios para garantizar la seguridad en alta mar. Según información recogida por el medio, el perfil de los migrantes en este incidente se caracteriza por la presencia predominante de familias y menores no acompañados, quienes constituyen uno de los grupos con mayor vulnerabilidad durante estas rutas.

En el contexto del juicio, el Ministerio Público ha insistido en la responsabilidad del acusado en la gestión y dirección de la patera, pese a su condición de migrante. La acusación recalca que, más allá del carácter colectivo del viaje, asumir la conducción de la embarcación representa una conducta sancionable, especialmente cuando se demuestra que tal función se asume a cambio de una contraprestación económica, aunque sea indirecta, como lo fue la rebaja del coste del viaje.

El escrito concluye que la decisión de sobrecargar la embarcación y no dotarla de las medidas de seguridad exigibles generó una situación de riesgo generalizado para todos los ocupantes y, de acuerdo con la tesis fiscal, constituye la base para sostener el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, agravado por las circunstancias mencionadas.