El Supremo rechaza abrir una causa a 'Alvise' por la difusión de chats privados de un ex 'número dos' de Interior

La investigación sobre la procedencia de la filtración de conversaciones privadas intervenidas durante la 'operación Kitchen' se mantiene activa, sin que hasta el momento se hayan identificado todos sus responsables ni se haya esclarecido con certeza si el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez tuvo conocimiento o acceso ilícito al material filtrado. Según publicó Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicó esta semana que no existen pruebas suficientes para vincular penalmente a Pérez por la difusión en Telegram de los chats privados del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

De acuerdo con la resolución judicial publicada por Europa Press, la investigación se remitió a la Sala de lo Penal tras la presentación de una exposición razonada procedente del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid. Esta acción judicial fue resultado de una querella interpuesta por Francisco Martínez y de una denuncia presentada por un periodista incluido en las conversaciones difunidas. El Tribunal Supremo, en su auto, indicó que no ha encontrado indicios que permitan abrir un procedimiento penal contra Pérez, quien cuenta con la condición de aforado por su cargo como eurodiputado.

Según detalló el medio Europa Press, los hechos investigados se remontan al 10 de julio de 2023, fecha en la que 'Alvise' Pérez difundió en un canal de Telegram los 23 chats íntegros que habían sido previamente expurgados por la Audiencia Nacional. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 51 resaltó que la difusión involucró conversaciones privadas obtenidas durante la instrucción del caso conocido como 'operación Kitchen', en el que se investigaba el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

El Tribunal Supremo, en el auto recogido por Europa Press, matizó que aunque la publicación de estos chats puede constituir un motivo legítimo para investigar el circuito de filtración y determinar quiénes tuvieron acceso o participaron en la extracción ilícita de la información, los elementos aportados hasta el momento resultan insuficientes para abrir causa penal contra el aforado. El Supremo afirmó que "los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante" para atribuir responsabilidad penal a Pérez.

Este criterio se fundamenta en que, a juicio del alto tribunal, no se han presentado pruebas que permitan sostener, en términos propios del ámbito penal, la posibilidad de imputar a 'Alvise' Pérez la comisión de un delito por la difusión de los mensajes en cuestión. Añade la resolución que este pronunciamiento del Supremo "no impide que la investigación pueda proseguir dirigida a determinar el origen de la filtración, su trazabilidad, los eventuales responsables y si el aforado tuvo acceso a la misma y supo de su extracción ilícita".

Europa Press reportó que, a pesar del archivo de esta causa concreta, Luis 'Alvise' Pérez permanece bajo investigación en otras cuatro causas ya abiertas en el Tribunal Supremo. Dichos procedimientos incluyen, entre otros, investigaciones por presunto acoso a dos eurodiputados que anteriormente formaron parte de su lista electoral, así como por la difusión de una prueba PCR falsa atribuida al expresidente de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa. También se le investiga por acoso en redes sociales contra Susana Gisbert, fiscal coordinadora de delitos de odio, y en una cuarta causa relacionada con la financiación ilegal de la plataforma SALF. En este último caso, se examinan los 100.000 euros que, según la instrucción, habrían sido transferidos por el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.

En relación con el caso analizado por el Supremo, se subraya que los mensajes publicados por Pérez procedían de una intervención judicial y habían sido objeto de una expurgación de contenido por parte de la Audiencia Nacional, es decir, se había excluido información irrelevante o que podría afectar derechos fundamentales antes de su incorporación al procedimiento judicial. Los chats afectados incluían comunicaciones privadas de Martínez y otras personas, entre ellas periodistas, circunstancia que motivó la denuncia y la presentación de la querella mencionada.

Europa Press indicó que la Sala de lo Penal destacó expresamente que la investigación sobre la filtración y la identificación de sus responsables sigue abierta. A pesar de desestimar la apertura de causa penal contra Pérez por falta de pruebas concretas, el auto deja abierta la posibilidad de continuar con las pesquisas enfocadas en el circuito seguido por la información desde su obtención judicial hasta su publicación. Esta labor investigadora incluye no solo la determinación de quién filtró los chats, sino también si, de algún modo, Pérez tuvo conocimiento de la ilicitud de la filtración y de si se benefició de ello con pleno conocimiento de su origen.

El medio Europa Press subrayó además que la resolución no representa un sobreseimiento definitivo para el resto de los actores involucrados, pues todavía quedan cuestiones pendientes relativas a la posible responsabilidad de otras personas no aforadas que puedan haber participado directa o indirectamente en la cadena de custodia y divulgación de las conversaciones.

El fallo del Tribunal Supremo recoge un análisis detallado tanto de la naturaleza de los mensajes divulgados como del contexto procesal de la 'operación Kitchen'. Esta operación mayor abarca acusaciones de actuaciones policiales indebidas y filtración de información judicialmente protegida durante la investigación de un caso de gran repercusión política. La decisión de la Sala de lo Penal marca un punto clave en el tratamiento judicial de la difusión de información confidencial en el ámbito digital y político, sin que ello cierre la puerta a futuras imputaciones si las indagaciones sobre la filtración así lo justificaran.

En el plano judicial, la situación de Pérez refleja un escenario de múltiples procedimientos paralelos en el Supremo, algunos de los cuales se encuentran en fases preliminares y otros en avanzada tramitación. Europa Press ha sostenido que tanto la acusación particular como los fiscales podrán presentar nuevos indicios si en el avance de la investigación aparecen elementos relevantes que apunten de forma fundada hacia una responsabilidad penal del eurodiputado u otros implicados. Este caso continúa siendo seguido con atención tanto en medios judiciales como políticos y periodísticos, ante las ramificaciones que presenta para la protección de la privacidad, el derecho a la información y las garantías del proceso penal.