Villarejo limita a "chascarrillos sin importancia" lo que supo de Pujol y dice sentirse "coaccionado" para declarar

El excomisario José Manuel Villarejo afirmó durante su declaración en la Audiencia Nacional que la información que llegó a conocer sobre las supuestas cuentas bancarias de la familia Pujol procede exclusivamente de informaciones informales y ajenas a documentación comprobable. De acuerdo con Europa Press, Villarejo, citado como testigo en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito del clan liderado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, señaló sentirse presionado por el tribunal para testificar, asegurando que todo lo que supo eran “chascarrillos sin importancia”.

Según informó Europa Press, la intervención de Villarejo estuvo marcada por su insistencia en no responder sobre temas relacionados con investigaciones que aún siguen abiertas en su contra, tanto en España como en Andorra. Apenas tomó asiento ante el tribunal, el presidente Ricardo de Prada le recordó su derecho a no declarar si identificaba alguna incompatibilidad, pero también le subrayó la obligación legal de responder a las preguntas, aclarando que la facultad de decidir sobre ello recae en el tribunal. “El delito de falso testimonio es lo mismo no decir la verdad que no decir o no declarar en relación con algún aspecto por el que fuere preguntado. No es una cuestión de su voluntad”, sostuvo el magistrado.

Durante el interrogatorio realizado por el abogado del expresidente Pujol, Cristóbal Martell, Villarejo fue consultado sobre su relación con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, quien también prestó testimonio esa misma jornada. Villarejo admitió que su adscripción formal a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) constaba en los registros, pero negó haber integrado alguna de sus unidades. Respecto a Marcelino Martín-Blas, exinspector jefe de Asuntos Internos, declaró que la interacción fue puntual y que nunca pidió el “apoyo y protección” que esa unidad le ofrecía, ya que la consideraba con un enfoque político y dependiente del DAO.

Europa Press reportó que ante preguntas específicas sobre si tuvo conocimiento de una investigación coordinada por el DAO para obtener datos bancarios de la familia Pujol en Andorra, Villarejo se amparó en su situación de imputado en el Principado para negarse a responder. El presidente De Prada lo instó nuevamente a responder siguiendo las leyes españolas, a lo que Villarejo insistió en que no tenía conocimiento de los hechos, solamente había escuchado “chascarrillos sin mayor importancia”.

Interrogado acerca de cualquier vínculo con el ex presidente del Banco Privado de Andorra (BPA), Villarejo reafirmó su negativa a responder cuestiones relativas a Andorra. El juez, visiblemente molesto según describió Europa Press, le recordó su obligación judicial de declarar la verdad ante el tribunal.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Villarejo afirmó sentirse “coaccionado por el tribunal” al insistirse sobre la obligación de responder. El presidente del tribunal zanjó la situación pidiendo que, más allá de sus sensaciones, respondiera sin discutir con la sala.

Durante otro momento del juicio, Villarejo fue cuestionado por su relación con Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de la familia investigada. El excomisario evitó dar una respuesta clara, limitándose a comentar que había conocido a muchas mujeres y que “podía ser” que conociera a Álvarez. Tras la insistencia del magistrado para precisar la respuesta, Martell aludió a la declaración de Pino, quien afirmó que Villarejo habría acompañado a Álvarez en una diligencia policial. Villarejo, en referencia a Pino, deslizó comentarios sobre la salud mental del ex mando policial, a lo que De Prada interrumpió reclamando que evitara ese tipo de comentarios en la sala.

El proceso también estuvo marcado por problemas técnicos durante la comparecencia de Ramon Espadaler, actual ‘conseller’ de Justicia de Cataluña, quien declaró como testigo por videoconferencia en catalán. La calidad del sonido resultó insuficiente y la traductora notificó que el audio era “ininteligible” y se percibía una notable reverberación, dificultando la traducción literal que exige la sala. Espadaler respondió de forma breve y, tras varias interrupciones, se suspendió momentáneamente la sesión para intentar mejorar la comunicación.

Durante su intervención, Espadaler explicó que, en su época como consejero de Medio Ambiente, la autorización para la construcción de un vertedero en Tivissa (Tarragona), de donde Jordi Pujol hijo habría obtenido una plusvalía, no implicó “ninguna aportación pública”. Señaló también que este tipo de concesiones cuentan con la participación de múltiples administraciones –locales, autonómicas y estatales– y descartó haber recibido presiones para agilizar trámites o modificar procedimientos.

En el desarrollo de la audiencia, Eugenio Pino relató un episodio de 2014 cuando compartió mesa con el expresidente del BPA y con Martín-Blas durante una boda. Cuestionado sobre si se abordaron los supuestos fondos andorranos de los Pujol, Pino rechazó categóricamente el asunto, asegurando que “se habló de todo, menos de eso”. El letrado Martell situó el evento en las dos semanas previas a la publicación en portada de 'El Mundo' de una imagen con información bancaria y corporativa de Jordi Pujol.

Pino también declaró que tanto Villarejo como Martín-Blas se atribuyeron la obtención de la documentación andorrana vinculada a la familia Pujol, aunque él se limitó a transmitir esa información a las unidades de investigación pertinentes. Según sus palabras, Marcelino Martín-Blas entregó la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya que, como responsable de la DAO, Pino no asumía decisiones sobre asignación de casos o investigaciones.

Martín-Blas, por su parte, precisó que el documento que apareció en la portada de 'El Mundo' no coincidía con el papel que él recibió de Joan Pau Miquel, entonces consejero delegado del BPA. Según relató al tribunal, el documento no tenía sello, firma ni registro y únicamente contenía algunos nombres vinculados a la familia Pujol. Entregó el papel a Pino, quien lo calificó como inservible, por lo que Martín-Blas optó por destruirlo. Además, detalló que hacia finales de 2012 elaboró un informe presentado tanto en el Parlamento de Cataluña como en el de España, “un requerimiento que el ministro del Interior remitió al DAO”.

Martín-Blas mencionó ante la Audiencia Nacional que en su comparecencia ante el Parlamento catalán solo admitió conocer que las actividades de los Pujol se estaban investigando. No obstante, en el informe elaborado para el Parlamento español afirmó que “no existía constancia en la documentación analizada de que Jordi Pujol o su sucesor, Artur Mas, tuvieran cuentas en el extranjero”, según consignó Europa Press.

El juicio en la Audiencia Nacional busca esclarecer el entramado por el cual la familia del expresidente catalán Jordi Pujol pudo haber acumulado un patrimonio ilícito mediante el uso de su influencia política durante varias décadas. En la sesión citada, la tensión entre declaración de testigos, la resistencia de algunos a responder sobre ciertos asuntos y los problemas técnicos de traducción añadieron complejidad al desarrollo del proceso, de acuerdo a las crónicas judiciales difundidas por Europa Press.