El informe anual sobre la utilización de inteligencia artificial en la Cámara Alta proporcionará detalles sobre los usos específicos, estadísticas, evaluación de los sistemas, incidencias detectadas y mejoras introducidas a lo largo del curso, una medida que se hará pública a través del Portal de Transparencia del Senado una vez que las circunstancias lo requieran. Esto forma parte de las nuevas directrices aprobadas por la Mesa del Senado, convirtiéndose en la primera institución parlamentaria del país en regular el uso interno de inteligencia artificial, con la meta de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones legislativas y administrativas. Según Europa Press, las normas internas comienzan a regir dentro de dos meses, y la adaptación plena de los sistemas ya en funcionamiento se completará en seis meses.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las directrices afectan tanto a senadores como al resto del personal de la institución y establecen un marco para la integración de sistemas de IA, apoyado en principios como la supervisión humana, la privacidad, la protección de datos personales y la transparencia. El Senado, mediante estas normas, fija estándares que regirán tanto la adquisición como el despliegue de nuevas tecnologías, para garantizar el respeto a los principios éticos y jurídicos marcados.
La Comisión de Seguridad de la Información del Senado asumirá la supervisión en la adquisición e implantación de inteligencia artificial. Antes del uso operativo de cualquier sistema, será necesario realizar una evaluación de impacto siempre que corresponda. Las herramientas de inteligencia artificial deberán ir acompañadas de una documentación técnica detallada que describa la arquitectura operativa, las fuentes y los datos utilizados para el entrenamiento, los principios que guían los algoritmos, así como los mecanismos de corrección y las medidas para mitigar posibles riesgos. La formación de perfiles técnicos específicos recaerá en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, con ampliaciones a otras áreas de la Secretaría General según la demanda.
Según detalló Europa Press, la norma impulsará la formación continua de todo el personal en materia de inteligencia artificial, con programas educativos enfocados en la evaluación de riesgos y limitaciones, así como en el conocimiento de las capacidades y funciones de los distintos sistemas. Se requiere que los profesionales estén capacitados para entender tanto las oportunidades como las restricciones asociadas con la adopción de estas tecnologías.
El texto oficial recoge que bajo ninguna condición se permitirá la inserción de información protegida por secreto parlamentario en ningún sistema de inteligencia artificial, aunque estos hayan recibido autorización institucional. La restricción abarca también datos aún no públicos o amparados por propiedad intelectual o industrial, los cuales no podrán incluirse en plataformas de inteligencia artificial públicas y, en los casos estrictamente justificados, únicamente podrán cargarse en sistemas internos autorizados tras consulta de nivel jerárquico.
Europa Press reportó que, hasta ahora, el Congreso de los Diputados no cuenta con una regulación semejante, si bien sí ha iniciado un concurso para modernizar su infraestructura de virtualización y adquirir una plataforma de inteligencia artificial con un presupuesto inicial de dos millones setecientos mil euros.
Los nuevos parámetros marcan que todos los sistemas de inteligencia artificial en la Cámara Alta deberán ajustarse a las directrices definidas en el plazo de seis meses desde la puesta en vigor. Además de los aspectos operativos y tecnológicos, las normas ponen el acento en el respeto a la privacidad y la seguridad, con mecanismos de análisis y verificación continuos por parte de órganos internos.
La elaboración y publicación del informe anual estará a cargo de la Secretaría General, que deberá describir los usos concretos de los sistemas de inteligencia artificial en el Senado, así como las incidencias y mejoras implementadas durante el año. El informe servirá también para dar seguimiento a la efectividad de las salvaguardas y estándares introducidos, contribuyendo así a la transparencia institucional y al control de la adopción tecnológica en el ámbito parlamentario.
Con estas medidas, la Cámara Alta busca combinar la innovación tecnológica con garantías de protección de derechos y seguridad en la gestión de información sensible, aspectos destacados repetidamente en la documentación interna a la que tuvo acceso Europa Press.
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