El Gobierno ve al PP "rendido" a Vox en las negociaciones autonómicas: "Ha pasado a ser la ultraderecha"

La evolución del número de universidades privadas en España frente a las públicas ha sido un motivo de preocupación para el Gobierno, según la ministra portavoz Elma Saiz, quien subrayó que en 2026 el país finalizará el año con más centros de enseñanza superior privados que públicos. Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en La Moncloa, se refirió a este dato como ejemplo del impacto de las políticas autonómicas vinculadas al Partido Popular (PP) y sus estrategias, y vinculó esta situación con el modelo impulsado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como por los presidentes de Aragón y Andalucía, Jorge Azcón y Juanma Moreno, respectivamente. La ministra valoró que este crecimiento del sector privado en la educación encarece el acceso y hace más difícil que las familias puedan permitir a sus hijos cursar estudios superiores, asociándolo a la pérdida de lo que denominó el “ascensor social” de la educación pública.

Según consignó el medio El Mundo, el Gobierno situó en el centro del debate las recientes negociaciones entre el PP y Vox para conformar gobiernos autonómicos, especialmente en Extremadura y Aragón. Estas conversaciones se reactivaron después de que el Partido Popular hiciese públicas sus condiciones para alcanzar pactos, entre las que destacan la exigencia de coherencia programática, respeto a la proporcionalidad reflejada en los resultados electorales y la garantía de aprobación de presupuestos durante los próximos cuatro años. Para la portavoz gubernamental, este posicionamiento representa un cambio de actitud en la formación de Alberto Núñez Feijóo, que a su juicio “ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha”. El Mundo detalló que el Ejecutivo considera que el PP, lejos de diferenciarse de Vox, ha adoptado sus mismos postulados en buena parte de sus propuestas.

El Gobierno atribuyó directamente a Feijóo, líder de la oposición, la responsabilidad sobre cualquier recorte presupuestario o ajuste que se adopte en los territorios donde ambos partidos consigan llegar al poder, afirmando que esas medidas “llevarán la firma” del presidente del PP. Según publicó El Mundo, Saiz recalcó que Feijóo se implicó de manera directa en este proceso de negociación y que ningún acuerdo alcanzado puede desligarse de su liderazgo.

En lo que respecta al documento elaborado por el PP para sentar las bases de sus pactos autonómicos, el texto incluye referencias explícitas al fomento de la meritocracia y la cultura del esfuerzo en el ámbito educativo. Saiz mostró su rechazo a estos términos e insistió en que este enfoque, según dijo, está contribuyendo a un crecimiento sostenido del sector privado en detrimento del público, alineándose con prioridades políticas que también comparten los gobiernos de comunidades autónomas lideradas por el PP. De acuerdo con El Mundo, la ministra describió la situación actual de las familias que intentan costear matrículas en instituciones privadas como una “asfixia”, mientras las políticas implementadas por los gobiernos autonómicos populares estarían dificultando el acceso a una educación pública de calidad.

El Mundo reportó que, aunque el líder de Vox, Santiago Abascal, manifestó su rechazo al documento presentado por el PP, el Gobierno insiste en que las diferencias entre ambos partidos son mínimas o inexistentes en la práctica. Fuentes gubernamentales citadas por el medio interpretan que el PP, al adoptar el discurso y las políticas defendidas por Vox, se posiciona plenamente en sus coordenadas ideológicas y programáticas.

El Ejecutivo calificó esta estrategia como una “claudicación” del Partido Popular ante las exigencias de Vox, al tiempo que reiteró que la responsabilidad de las futuras acciones políticas y presupuestarias corresponde de manera exclusiva a Feijóo debido a su grado de involucramiento. El Mundo subrayó que las posiciones de ambos partidos resultan, desde el punto de vista del Gobierno, prácticamente equivalentes, lo que refuerza la percepción de una convergencia total en cuestiones clave para la configuración de los futuros gobiernos autonómicos.

La ministra portavoz incidió también en el impacto social de este tipo de políticas, aseverando que las dinámicas actuales provocan un mayor esfuerzo económico sobre las familias que buscan alternativas educativas privadas, algo que, según el Ejecutivo, responde a una reducción de los recursos y oportunidades en la enseñanza pública. El Mundo destacó que el Gobierno rechaza categóricamente la retórica de la meritocracia como solución y advierte que su adopción conlleva más desigualdad.

La reactivación de las negociaciones y la divulgación de estos posicionamientos han situado el debate sobre la educación y la responsabilidad de los recortes presupuestarios en el centro de la agenda política nacional, según analizó El Mundo a partir de las declaraciones y documentos difundidos tras la última sesión del Consejo de Ministros.