Una fundación anima al Congreso a llevar al Gobierno al TC por no presentar los PGE y a regular el Debate de la Nación

La Fundación Hay Derecho advirtió que si la reforma de la Ley de Secretos Oficiales impulsada al inicio de la legislatura por el PNV hubiera superado los 33 aplazamientos consecutivos para la presentación de enmiendas, España ya habría efectuado una desclasificación automática de documentos relativos al intento de golpe de Estado de 1981. Este señalamiento se incluye en el informe que la organización presentó en el Congreso, junto con numerosas propuestas para reformar el funcionamiento parlamentario y aumentar la imparcialidad de las instituciones, según informó Europa Press.

Entre sus principales demandas, la Fundación Hay Derecho instó al Congreso de los Diputados a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Gobierno por la ausencia de presentación de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos ejercicios, una obligación constitucional recogida en el artículo 134 de la Carta Magna. Según publicó Europa Press, el Senado ya recurrió esta situación ante el TC en diciembre del año pasado, debido a que el Ejecutivo de coalición no remitió las cuentas públicas para su aprobación, un hecho que la fundación considera “anómalo”.

El informe presentado por la directora de la fundación, Safira Cantos, subraya la necesidad de regular legalmente el Debate sobre el Estado de la Nación. Este debate no se realiza desde julio de 2022 y, tal como detalla Europa Press, la ausencia de regulación permite que su celebración quede al criterio de las mayorías parlamentarias del momento. A juicio de la organización, esta situación afecta el control democrático al Ejecutivo y debilita el papel fiscalizador de la Cámara.

La organización identificó también el uso cada vez más frecuente de proposiciones de ley por parte de los partidos integrantes del Gobierno como método para eludir procedimientos habituales, tales como consultas públicas o informes de órganos consultivos. Europa Press reportó que, en el año 2024, el 34% de las proposiciones de ley fueron impulsadas por PSOE, Sumar o ambas formaciones en conjunto. La fundación advierte que esta práctica reduce la calidad técnica y jurídica de la legislación y evita mecanismos de transparencia.

En esa línea, Hay Derecho propuso restringir el uso de decretos-ley denominados “ómnibus”, que agrupan diversas medidas en un solo texto, y limitar el recurso excesivo al procedimiento de “lectura única”, cuya aplicación acorta de manera significativa el debate parlamentario. La organización recomendó también dotar a los vetos presupuestarios del Gobierno de mayor rigor técnico y jurídico para evitar que se utilicen como obstáculos injustificados a la tramitación de propuestas de la oposición.

Otro de los problemas destacados por la fundación en su informe, recogido por Europa Press, es el bloqueo estructural en la tramitación de iniciativas parlamentarias causado por la utilización persistente de prórrogas en los plazos de presentación de enmiendas. Ese mecanismo, según la entidad, ha producido que numerosas proposiciones permanezcan pendientes de debate, y citó como ejemplo la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que acumuló 33 ampliaciones de plazos.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el informe detalla que menos del 18% de los parlamentarios publican información sobre sus reuniones con grupos de interés o ‘lobbies’, a pesar de que el código de conducta parlamentaria así lo exige. Además, según informó Europa Press, la fundación cuestiona la opacidad de los grupos parlamentarios en temas como la gestión de sus reglamentos internos y la administración de fondos, manifestando que acceder a tal información “prácticamente es imposible”.

Safira Cantos, directora de Hay Derecho, reclamó la mejora de las páginas web del Congreso y el Senado para que informen con claridad sobre la huella normativa completa de los textos legales. La entidad sugiere también proporcionar recursos materiales y personales a los diputados y senadores, así como ampliar el abanico de iniciativas que puedan impulsar de manera independiente, sin depender de la supervisión de sus grupos parlamentarios, recoge Europa Press.

La fundación consideró fundamental reforzar los mecanismos de control y supervisión ordinaria sobre el Gobierno y propuso la creación de un estatuto de la oposición. Esta herramienta, según consigna Europa Press, facilitaría espacios para el debate y para el seguimiento del cumplimiento tanto de los programas electorales como de los acuerdos de legislatura.

En relación a las comisiones de investigación, Hay Derecho recomendó revisar su reglamentación, ya que, según su investigación, alrededor del 80% de las creadas desde 1979 concluyeron sin acuerdo. Otras propuestas del informe incluyen adaptar el uso de lenguas cooficiales en el Congreso a la legislación vigente y asegurar que las declaraciones de bienes y actividades económicas de los parlamentarios presenten información veraz y completa. Para esto, el informe plantea fortalecer la independencia de la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano responsable de estas verificaciones.

Con miras a fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo, Hay Derecho planteó revisar la regulación actual de la Iniciativa Legislativa Popular. El informe sugiere que la toma en consideración de estas iniciativas no quede a discreción del Congreso e impulsa la reducción del número de firmas necesarias para su tramitación mediante una reforma constitucional, proponiendo rebajar el requisito de 500.000 firmas.

Finalmente, la fundación aborda la cuestión de los nombramientos institucionales por parte de las Cortes Generales. Propone establecer una etapa previa que contemple concursos públicos y evaluaciones impartidas por expertos, además de la utilización de sorteos en casos de bloqueo, con el objetivo de evitar la rebaja de las mayorías cualificadas habitualmente exigidas para este tipo de designaciones, según detalló Europa Press.

La Fundación Hay Derecho enfatizó en su informe la urgencia de superar la creciente politización de los órganos de dirección parlamentarios —mesas del Congreso y Senado— de modo que no solo la Presidencia, sino todos sus integrantes, desempeñen sus funciones bajo los principios de imparcialidad y neutralidad institucional, y no en beneficio de las formaciones a las que pertenecen.