Tres acusados por daños niegan atentar contra Mossos en protestas por Hasél en 2021 en Barcelona

Uno de los implicados admitió haber arrojado un bocadillo envuelto en papel hacia una furgoneta de la Brigada Mòbil (BRIMO) durante las protestas por el arresto de Pablo Hasél en 2021, negando al mismo tiempo que él o su compañero hubieran lanzado piedras hacia los agentes, según consignó Europa Press. Esta declaración se dio durante la celebración de un juicio en la Audiencia de Barcelona, donde tres jóvenes, dos de ellos procesados por desórdenes públicos y daños y un tercero también acusado de atentado agravado contra agentes de la autoridad, rechazaron cualquier implicación en agresiones contra los Mossos d'Esquadra.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, los cuatro acusados fueron detenidos el 18 de febrero de 2021 en el centro de Barcelona tras una serie de movilizaciones en reacción al encarcelamiento de Hasél. Durante el juicio, uno de los encausados accedió a responder preguntas solo para aclarar que su participación se limitó al lanzamiento de un bocadillo, minimizando así los hechos que se le imputan. El resto de los acusados sostuvo que marchaban en un ambiente que calificaron como reivindicativo, negando haber lanzado objetos, manipulado mobiliario urbano o actuado violentamente.

El ministerio público ha solicitado penas que varían en función de los delitos atribuidos. Para dos de los jóvenes, la Fiscalía exige cinco años de prisión, multas de 6.000 euros y una indemnización por daños a los vehículos policiales, bajo cargos de desórdenes públicos y daños agravados. Para los otros dos, que afrontan además la acusación de atentado agravado contra agentes de la autoridad, la pena solicitada asciende a ocho años y medio de cárcel, informó Europa Press.

En el desarrollo del juicio, policías que actuaron como agentes de paisano relataron que, la tarde de los hechos, observaron a un grupo de unas 50 personas moviendo contenedores en el cruce de las calles Girona y Mallorca. Entre este grupo, dijeron haber identificado a dos de los jóvenes, a quienes afirmaron seguir desde ese momento hasta su posterior detención. Los agentes detallaron que los acusados portaban objetos en la mano que, según sus declaraciones, eran piedras de tamaño considerable, y afirmaron que los sospechosos las arrojaron contra las furgonetas policiales, llegando a escucharse los golpes al impactar. "Era imposible fallar", aseguró uno de los policías agregando que la distancia era lo suficientemente corta para hacer blanco en los vehículos.

Otro agente de paisano relató que observó, en la intersección de la calle Bruc y el pasaje de Pla, a dos personas lanzando piedras hacia una zona donde otro grupo policial, apoyado por vehículos de la BRIMO, procedía a efectuar una detención. Aunque solo consiguió detener en el momento a uno de los sospechosos, más tarde localizaron al otro, reconociéndolo por una sudadera identificada por el inspector a través de la radio policial.

En contraste con estos testimonios, los acusados mantuvieron versiones distintas. Uno de ellos manifestó que al momento de la detención solo pretendían regresar a su domicilio, mientras que otro insistió en que no participó en ningún lanzamiento de objetos ni alteración del mobiliario urbano. Aun cuando admitió haber arrojado el bocadillo, recalcó que no existió intención de dañar ni de atacar a los agentes o sus vehículos, detalló el medio Europa Press.

La fiscal expuso en su intervención la relevancia de las aportaciones de los agentes, valorando sus declaraciones como suficientemente esclarecedoras y argumentando que la situación vivida reflejó la complejidad de unas protestas multitudinarias, en las que participaron más de 1.200 personas, según los datos aportados durante el juicio. En sus palabras, "no solo es autor el que realiza la acción", recalcando el principio de imputación recíproca y atribuyendo a los acusados un papel activo en la dinámica colectiva de la violencia reportada esa noche.

La defensa de los cuatro jóvenes solicitó la absolución de sus clientes, fundamentando su argumento en la ausencia de pruebas concretas que acrediten la lesión a agentes o la autoría en los daños a los vehículos policiales. Las defensas resaltaron lo que consideran imprecisión en las declaraciones policiales, señalando que los agentes no pudieron identificar de forma individual a sus representados dada la oscuridad, el uso de prendas oscuras y mascarillas por la situación sanitaria del Covid-19, y la confusión propia de un grupo numeroso. Una de las abogadas puso en duda la capacidad de los agentes de distinguir a los responsables específicos entre un grupo que, según el propio testimonio policial, podría haber contado con entre 30 y 50 personas. Otra defensa hizo hincapié en lo que denominó un “sinfín de incoherencias”, apuntando a la imposibilidad de demostrar la responsabilidad individual de los daños sufridos por las furgonetas de la BRIMO.

El sumario recoge que las detenciones de los cuatro acusados se produjeron en distintos puntos de la ciudad, pero se unificaron dentro del mismo atestado debido a la relación temporal y de contexto entre los hechos. Europa Press informó que mientras dos de los jóvenes fueron detenidos cerca de las calles Girona y Mallorca, los otros dos quedaron arrestados en zonas próximas, siguiendo descripciones facilitadas por los efectivos policiales a través de la radio interna.

Durante el proceso, uno de los encausados optó por no declarar, acogiendo su derecho al silencio. La estrategia de las defensas pivotó en sustentar que sin una prueba irrefutable de la autoría de los daños y de los ataques, la imputación de delitos tan graves resultaría injustificada. Además, varias defensas subrayaron la falta de concreción sobre los daños tangibles que sufrió el material policial o sobre la participación individual de cada uno de los acusados en los hechos relatados.

Las movilizaciones que originaron este proceso formaron parte de una oleada de protestas que, en febrero de 2021, sucedieron en varias ciudades españolas en reacción al ingreso en prisión de Pablo Hasél, rapero y activista condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Las protestas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, las cuales incluyeron lanzamientos de objetos y acciones de desobediencia, según informaciones publicadas por Europa Press. La causa pendiente busca determinar la autoría precisa de hechos violentos y daños patrimoniales, así como la posible comisión del delito de atentado agravado contra agentes.

La resolución del tribunal sobre las condenas solicitadas por la Fiscalía, que incluyen hasta ocho años y medio de prisión y diversas indemnizaciones económicas, dependerá de los elementos probatorios y testimonios recogidos en este juicio en la Audiencia de Barcelona. Europa Press informó que el proceso sigue abierto a la espera de la valoración judicial sobre la veracidad de las imputaciones y la posible condena de los cuatro jóvenes procesados.