Montero valora la desclasificación de archivos del 23F y espera que sirva para prevenir de "amenazas para la democracia"

La imagen de Antonio Tejero armado en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 permanece fijada en la memoria colectiva. Ese episodio, señalado como el intento de golpe de Estado más grave en la democracia española, es el eje de la reciente decisión gubernamental de hacer públicos documentos clasificados relacionados con aquellos hechos. Según consignó Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó que la medida contribuirá a esclarecer detalles clave y a prevenir riesgos para el sistema democrático en España.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Montero ofreció estas declaraciones durante una visita a Grazalema, en Cádiz, en respuesta a preguntas sobre el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El lunes, Sánchez comunicó la intención del Consejo de Ministros de aprobar el martes la desclasificación de archivos vinculados con el golpe del 23F, a 45 años de distancia de esa jornada. Montero sostuvo que la iniciativa permitirá conocer con mayor profundidad las investigaciones efectivas acerca de los sucesos que pusieron en jaque el régimen constitucional, y consideró que ese conocimiento será esencial para enfrentar potenciales amenazas similares, dada la coyuntura política actual.

Europa Press detalló que Montero valoró que la sociedad española pueda acceder a información precisa sobre el alcance y la naturaleza de las investigaciones realizadas tras el asalto al Congreso. Remarcó que episodios como el del 23 de febrero de 1981 marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de España y continúan generando reflexiones sobre la solidez de las instituciones democráticas. Al respecto, la vicepresidenta señaló: “Todos recordamos qué hacíamos en el momento en que se entró de forma ilegal en el Congreso de los Diputados peligrando la democracia de nuestro país”.

En su análisis, Montero hizo referencia tanto a la relevancia histórica del 23F como a su impacto duradero. Subrayó que la decisión de desclasificar los documentos apunta a responder al interés general existente sobre los fundamentos del operativo golpista, las personas implicadas y los mecanismos de respuesta de las instituciones democráticas. Sostuvo que “el tiempo transcurrido es más que suficiente para que podamos hacer públicos cuáles fueron los extremos de esa investigación” y agregó que la sociedad merece conocer lo sucedido para fortalecer la protección de la democracia.

Frente al anuncio del Ejecutivo sobre la apertura de los archivos, Montero manifestó su desacuerdo con la reacción del Partido Popular, al que acusó de preferir “opacidad” y de intentar restringir el acceso a la información del golpe. Según publicó Europa Press, la titular de Hacienda subrayó que la mayoría de los ciudadanos desea saber con claridad los antecedentes, responsables y desenlace de una crisis política que fue contenida por “la unidad de todos los demócratas”.

Montero expresó que la publicación de estos documentos puede superar el mero interés académico y de los investigadores. Según Europa Press, aludió a la relevancia de estos archivos para anticipar y prevenir futuros comportamientos que pudieran poner en cuestión la voluntad popular canalizada a través de procesos electorales. Consideró que transparentar la historia política debe servir de recurso para asegurar la continuidad del régimen constitucional, dado el auge de posicionamientos políticos de ultraderecha en el escenario europeo y español.

En la misma comparecencia, la vicepresidenta relacionó la memoria del 23F con los desafíos actuales. Señaló que la irrupción de organizaciones y discursos ubicados en la ultraderecha representan formas renovadas de amenaza al orden democrático. Según consignó Europa Press, criticó a aquellas formaciones que promueven mensajes de odio, xenofobia y discriminación, apuntando que “todo aquello que la democracia, con tanto acierto, combatió a lo largo de todos estos años” sigue presente en el debate público y requiere respuestas claras.

En otro pasaje de su intervención, Europa Press informó que Montero se refirió a una información publicada por el diario El País sobre la reciente advertencia del Papa Francisco a obispos españoles acerca del crecimiento de la ideología de ultraderecha en el país. Montero valoró que la posición adoptada por el pontífice refleja una preocupación extendida en sectores sociales relevantes, ante la perspectiva de que el avance de formaciones extremistas pueda desembocar en riesgos para el pluralismo, e incrementarse la discriminación contra grupos vulnerables.

La vicepresidenta destacó que la Iglesia Católica, mediante su principal representante, ha insistido en la necesidad de advertir a la sociedad sobre los efectos de que partidos de ultraderecha ocupen espacios de poder. Remarcó que el papa ha advertido sobre el impacto de discursos xenófobos, particularmente contra la población migrante, y reconoció la importancia de ese “toque de atención a todos los católicos para que escuchen que todas esas cuestiones lo que nos traen son riesgos, pobreza y, fundamentalmente, recorte en nuestras libertades”.

Europa Press recogió que Montero incluyó al Partido Popular en el grupo de fuerzas políticas que, a su entender, han asumido planteamientos propios de la ultraderecha. Al respecto, manifestó que esa deriva ideológica conduce a estrategias de comunicación y campañas en redes sociales impulsadas por algoritmos y por medios que difunden mensajes simplificados y polarizadores. Advirtió sobre la influencia de esos relatos en la normalización de discursos excluyentes frente a la pedagogía democrática que, desde su punto de vista, debería guiar la convivencia política.

Durante sus declaraciones, la vicepresidenta vinculó la trascendencia del golpe del 23F y la importancia de conocer a fondo sus causas y consecuencias con la defensa cotidiana del sistema democrático. Europa Press detalló que Montero insistió en que la divulgación de la información relativa a aquella etapa histórica fortalece la transparencia y permite identificar factores de riesgo para el Estado de Derecho. A su entender, las lecciones derivadas de episodios precedentes son útiles para establecer mecanismos de protección ante amenazas contemporáneas, en especial cuando corrientes políticas contrarias al pluralismo o a los valores constitucionales ganan relevancia en el debate público.

Durante la atención a los medios, Montero no solo dio la bienvenida a la desclasificación, sino que sostuvo que el contexto actual hace necesaria una reflexión colectiva acerca de los peligros que acechan a la democracia, incluidos los intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y las estrategias de desinformación orientadas a polarizar a la sociedad.

Con la desclasificación de los documentos del 23F programada por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta prevé que se obtendrá una comprensión más cabal de los hechos y de sus protagonistas, y estima que ese conocimiento contribuirá a blindar el sistema democrático frente a intentos similares en el futuro. Según publicó Europa Press, Montero subrayó la importancia de acudir a la memoria histórica como instrumento de defensa institucional y de fortalecimiento de la convivencia democrática.