Defensa asegura no haber contratado con Huawei y garantiza que sus contratos incorporan suficientes cláusulas de control

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha asegurado este jueves en el Congreso que su Ministerio no ha firmado contratos con Huawei pero, en todo caso, ha garantizado que sus contrataciones incorporan suficientes cláusulas de control y se ajustan al marco legal español y comunitario.

Ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, la número dos de defensa ha tenido que hacer frente a preguntas del PP cuestionando los contratos del Gobierno con Huawei. El diputado Rafael Hernando ha recordado que los informes de Seguridad Nacional del propio Gobierno de coalición remarcaban en 2023 que "los servicios de inteligencia chinos siguen muy activos en la obtención de información de la Unión Europea y la OTAN".

"La estrategia híbrida de China en España tiene dos objetivos. El primero, obtener información política, militar o tecnológica. Y el segundo, la construcción de redes de influencia en la alta esfera del poder político con capacidad para ejercer presión", ha citado.

HAY UN MARCO SÓLIDO Y COHERENTE CON LA UE

En su respuesta, Valcarce ha asegurado que Defensa "no ha adjudicado contratos a Huawei" en los ámbitos relacionados con la Inteligencia o la Ciberseguridad, pero en todo caso ha defendido que "España aplica un marco sólido y coherente con los objetivos europeos de refuerzo de la ciberseguridad y de protección de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones"

Según ha explicado, la Comisión Europea presentó en enero un nuevo paquete legislativo de ciberseguridad que incluye la propuesta de revisión del reglamento vigente para "reforzar la resiliencia de la Unión Europea y reducir los riesgos en las cadenas de suministro en Tecnologías de la Información (TIC) procedentes de proveedores de terceros países que puedan plantear problemas de seguridad nacional".

Aunque todavía está en tramitación, Defensa asegura que ya viene aplicando medidas con esos mismos objetivos y "garantiza que todos los procedimientos de contratación se desarrollan con pleno respeto a los intereses de la seguridad y la defensa nacional y dentro del marco jurídico vigente".

Así, en los procesos de licitación abierta se incorporan sistemáticamente cláusulas destinadas a proteger los intereses de la seguridad y defensa nacional y toda la información asociada, lo que se aplica a todas las empresas y no sólo las chinas.

Está regulado también el tratamiento y conservación de información clasificada del Ministerio de Defensa a la que pueda tener acceso esa empresa y se exige el compromiso de la empresa de no revelar, usar, ceder o disponer de información o documentación del ámbito de los contratos para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del mismo, sin consentimiento escrito y previo del Ministerio de Defensa.

SUPERVISIÓN ACTIVA

"Estas exigencias se complementan con una política activa de supervisión de proveedores en todos los sectores sensibles, basada en evaluaciones de riesgo para la seguridad nacional, análisis de posibles vínculos con gobiernos extranjeros" por parte del mando conjunto del ciberespacio y el centro criptológico nacional.

"Los contratos incorporan mecanismos de control continuado, auditorías y verificaciones de interoperabilidad con sistemas de la OTAN y de la Unión Europea, así como medidas específicas de mitigación frente a riesgos tecnológicos o geopolíticos", ha sentenciado.

Y en el caso de infraestructuras críticas, "se exige además la validación previa de los órganos responsables de la seguridad y se excluye a proveedores que no garanticen la trazabilidad y el control nacional de los datos".