La mitad de españoles cree que la Constitución exige cambios importantes, sobre todo en materia socioeconómica

Un sondeo del CIS revela que una amplia mayoría considera necesarias modificaciones sustanciales en la Carta Magna vigente para afrontar desafíos sociales y económicos, mientras crece el escepticismo sobre su capacidad para resolver los problemas actuales del país

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Aunque la Constitución de 1978 está próxima a convertirse en la más longeva de la historia de España, la mayoría de la ciudadanía desconoce ese hito y expresa opiniones divididas sobre la necesidad de modificar la Carta Magna. Según informó Europa Press tras la publicación del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero, el 80% de los encuestados considera que el texto constitucional requiere reformas, ya sea amplias o limitadas, mientras que solo una minoría mantiene que no se debe modificar.

El informe recogido por Europa Press detalla que la mitad de los españoles consultados detecta la necesidad de aplicar cambios sustanciales a la Constitución, frente al 27,1% que opta por reformas de menor alcance. En contraste, un 15,7% cree que no hacen falta reformas en el contexto actual. El estudio, realizado bajo la dirección del sociólogo José Félix Tezanos, incorpora además un análisis temático de las áreas que los encuestados señalaron como prioritarias para una reforma constitucional. Entre quienes apuestan por modificaciones, el 30,5% pone el foco en la economía y los derechos sociales como los ámbitos más urgentes de revisión, superando por amplio margen a quienes sugieren intervenir sobre la Jefatura del Estado (13,8%) o asuntos territoriales (13,5%). Por su parte, la transparencia y el control de la actividad política fueron mencionados por un 11,1% de quienes proponen reformas.

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El documento difundido por Europa Press resalta que los temas vinculados con la Monarquía apenas figuran entre las principales preocupaciones consensuadas por la ciudadanía. En el propio barómetro, solo un 0,7% de los participantes menciona a la institución monárquica dentro de la lista de problemas más acuciantes del país.

Por otro lado, la investigación del CIS revela que la confianza en la capacidad de la Constitución vigente para dar respuesta a los retos contemporáneos resulta limitada. Un 58,1% de los encuestados manifiesta poca o ninguna confianza en la utilidad de la Carta Magna para abordar los problemas actuales de España, en contraste con el 37,3% que señala un nivel notable o considerable de confianza en el texto fundamental. Según consignó el medio, esta percepción negativa sobre la idoneidad de la Constitución ha experimentado un aumento notable: el 43,4% declara tener hoy una opinión peor de la Carta Magna en comparación con hace una década, mientras que el 27% sostiene que su opinión se mantiene inalterada y un 20,3% afirma que ha mejorado su valoración del texto legal.

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En lo que respecta a la percepción de los logros alcanzados bajo el amparo de la Constitución de 1978, la mayoría de los ciudadanos reconoce avances significativos. La encuesta muestra que existe un consenso amplio sobre los beneficios que ha aportado la Constitución, tales como el impulso de la prosperidad económica, la mejora de las condiciones laborales, el desarrollo de los derechos sociales y la posición reforzada de España dentro del contexto europeo e internacional.

Según publicó Europa Press, el barómetro también preguntó a los encuestados sobre los aspectos más relevantes o positivos de la Constitución actual. Un 31,8% valoró de forma destacada el papel de la ley de leyes en la garantía de libertades, mientras que el 21,2% señaló su contribución a la resolución pacífica de conflictos. Además, un 15,6% subrayó la importancia del consenso alcanzado en el proceso de aprobación de la Carta Magna.

Por tanto, el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas recoge una opinión pública que, a las puertas del 48º aniversario de la Constitución de 1978, muestra tanto aprecio por los avances logrados al amparo del texto constitucional como una demanda amplia a favor de su adaptación a las nuevas necesidades sociales, económicas y políticas detectadas. Todo ello sucede mientras una parte significativa de la población desconoce el carácter histórico de la longevidad de la Constitución española, según reveló Europa Press.

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